Un oficial de la policía rosarina fue detenido ayer bajo la acusación de ser uno de los autores del robo de una camioneta que transportaba cigarrillos. Pero no es la primera vez que el agente tiene problemas con la Justicia. Ya en 1997, cuando revistaba en la desaparecida sección Robos y Hurtos, había sido apresado por extorsionar al dueño de un lavadero de autos con una orden de allanamiento fraguada.
El oficial detenido fue identificado por fuentes de la policía local como Angel Fabián Aguirre, quien revista en la actualidad en la seccional 8ª, ubicada en Ingeniero Thedy al 300.
Según informó ayer la Unidad Regional II, el hecho por el cual ahora está imputado Aguirre ocurrió el pasado 7 de febrero. Ese día, una camioneta Renault Express repartía cigarrillos de la firma Nobleza Piccardo y cuando llegó a un quiosco, en jurisdicción de la comisaría 2ª, el chofer se detuvo para entregar mercadería.
En ese momento aparecieron dos hombres armados que encañonaron al repartidor, se apoderaron de la llave del vehículo y escaparon del lugar a bordo del mismo. La investigación del caso la inició la seccional 2ª y luego la continuó la Brigada de Investigaciones por disposición del Juzgado de Instrucción número 4.
El martes, agentes de esa dependencia policial realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Arévalo al 6100, donde secuestraron el vehículo robado, pero sin el cargamento y "la caja de seguridad" que tenía aferrada en su interior. En el lugar, los efectivos también incautaron otro rodado: un Fiat Duna que pertenecería a Aguirre y que, además de no tener patentes, tenía los guarismos de chasis y motor adulterados.
Por este motivo, el juez a cargo de la investigación, Jorge Eldo Juárez, citó a declarar al jefe de la seccional 8ª, Héctor Sagasti, para saber si Aguirre concurría a trabajar a bordo de ese auto teniendo en cuenta que una disposición del jefe de policía provincial prohíbe a los empleados de la fuerza movilizarse en vehículos sin patente.
En el procedimiento también fueron apresadas dos mujeres, cuyas identidades no fueron reveladas, pero que, según confiaron allegados a la investigación, "no tendrían vinculación con el hecho".
Después, los uniformados llegaron a la seccional 8ª y detuvieron a Aguirre en su lugar de trabajo bajo la acusación de ser uno de los autores del atraco. "Existen sospechas en el juzgado que investiga el caso de que el policía participó en el robo", confió la fuente consultada.
Dólares falsos y extorsión
La primera vez que el oficial Aguirre fue detenido por efectivos de la misma fuerza para la cual trabaja fue el 17 de noviembre de 1997. Entonces, el propietario de un lavadero de autos ubicado en Valparaíso al 3600 denunció ante el juez Alfredo Ivaldi Artacho que dos agentes de la sección Robos y Hurtos se habían hecho presentes en su lugar y le habían exigido la entrega de una suma que rondaba entre los 200 y los 400 pesos a fin de no abrirle un sumario para el cual "seguramente encontrarían una causa".
A partir de la denuncia, el magistrado dispuso que el comerciante fingiera aceptar la extorsión y solicitó la intervención de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) para que montaran un operativo tendiente a registrar el momento en que los policías cobraban el dinero solicitado y así pudieran apresarlos.
Así las cosas, a las 9 de la mañana del 17 de noviembre de aquel año, el entonces oficial auxiliar Angel Fabián Aguirre y el cabo Carlos María Riquelme llegaron al lavadero y concretaron la operación sin sospechar que los billetes que recibían estaban marcados y que toda la escena era filmada por agentes de las TOE. Tras recibir los 200 pesos se subieron a un Fiat Uno rojo y cuando pretendieron huir del lugar fueron interceptados por unos 20 móviles policiales.
Al ser requisados por sus pares, en poder de los detenidos fueron hallados 1.400 dólares falsos y 800 pesos que habrían sido fruto de otras extorsiones. Además, se les secuestró una orden de allanamiento adulterada y de los archivos policiales surgió que Riquelme ya tenía, por entonces, cuatro causas por exacciones ilegales y privación ilegítima de la libertad.
Respecto al documento judicial fraguado, trascendió entonces que la orden de allanamiento había sido librada por el juez Carlos Alberto Carbone, a quien los policías mintieron diciéndole que en el lavadero había mercadería robada. Pero la orden no fue utilizada en el día y hora dispuesto por el magistrado, sino que Aguirre y Riquelme adulteraron esos datos en beneficio propio.
La Ciudad
