El robo de 34 mil litros de combustible con destino a la estación de servicios Sol de Correa originó una causa judicial en la que se investigó la presunta existencia de una "zona liberada" para que operaran piratas del asfalto por parte de los altos mandos de la Unidad Regional X. Los oficiales sospechados fueron sobreseídos en noviembre de 2001 por la jueza de instrucción de Cañada de Gómez Ana María Bardone, que no encontró pruebas en su contra. La investigación se había iniciado debido a que uno de los imputados en el robo de combustible declaró a efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales que policías de Cañada de Gómez brindaban protección a los asaltantes de caminos.
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