La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará esta semana en la recolección de pruebas para evaluar si promueve una acusación "por mal desempeño de sus funciones" contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los diputados reanudarán la actividad mañana y analizarán entonces si piden pruebas adicionales a la documentación ya solicitada a la Corte Suprema sobre una decena de fallos y acordadas.
También evaluarán si convocan a algunos testigos y el mecanismo para incorporar los nuevos expedientes que siguen llegando con pedidos de juicio a los magistrados.
La investigación abierta el jueves pasado por la comisión, tras declarar "admisible" de juicio político a la Corte Suprema, se realiza en medio de un clima tenso luego de las declaraciones de las autoridades del máximo órgano de Justicia, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor, a un medio extranjero contra la decisión de los diputados.
A esto se suma la intención del gobierno de apurar la jubilación de los jueces, a quienes ya se ha otorgado este beneficio, aunque ellos mismos decidieron seguir en actividad por diferencias salariales. En esta situación se encuentran la mayoría de los ministros del Tribunal, con excepción de Adolfo Boggiano.
Casualmente una de las acordadas objetadas y que es motivo de un pedido de juicio político es aquella por la cual la Corte declaró inconstitucional el inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución.
Ese artículo de la Carta Magna obliga a tener un nuevo acuerdo del Senado para preservar la condición de juez al cumplir 75 años. La acordada permitió a Carlos Fayt, hoy de 84 años, permanecer en su cargo sin pedir autorización al poder Legislativo.
Sentencias controvertidas
En este contexto, la comisión de Juicio Político que conduce el justicialista Sergio Acevedo continuará su tarea para avanzar en la etapa sumarial que se inició el pasado viernes con el pedido de una decena de sentencias y acordadas, que serán la base para determinar si se puede llevar adelante una acusación de mal desempeño a los ministros de la Corte.
Por medio de un oficio se pidieron copias autenticadas de medidas controvertidas como el tramo de las sentencias de armas que permitió la liberación de Emir Yoma y de Carlos Menem, del corralito -hay dos fallos diferentes en un mes-, del rebalanceo telefónico y en el caso de Raúl Romero Feris, a quien la Corte permitió ser candidato pese a un fallo contrario de ese cuerpo en Corrientes.
También los diputados pidieron la acordada por la cual la Corte excluyó a los jueces de la obligación de cumplir la ley de Etica Pública en cuanto a las declaraciones juradas.
Además, los diputados planean visitar Tribunales para observar el voluminoso expediente sobre el atentado a la embajada de Israel, que dejó más de veinte muertos y centenares de heridos.
Con la documentación en la mano, los diputados tendrán que resolver si citan a testigos y cuáles serán la bases para fundamentar la acusación.
En el justicialismo se insistirá con el caso del corralito, que desató una fuerte disputa entre el poder político y la Corte, y que derivó en un pedido de destitución de parte de los peronistas José Falú y Eduardo Di Cola.
Sin embargo, no será fácil encolumnar a todos los bloques detrás de la pretensión del justicialismo, porque desde el interbloque del ARI y del Frepaso se insiste en incorporar la participación de la Corte en la causa de las armas, que derivó en la libertad de Carlos Menem y Emir Yoma y el atentado a la Embajada de Israel.
La etapa sumarial deberá concluir con un descargo de cada uno de los acusados porque el juicio es a cada magistrado, algo que podrán hacer por escrito, en forma personal o evitar responder, un derecho que otorga el reglamento.
Luego de la investigación se deberá elaborar un dictamen o varios dictámenes, depende de la cantidad de jueces acusados, donde se especificarán los argumentos que tuvieron los diputados para promover ante el Senado la destitución de los miembros de la Corte Suprema, que deberá ser aprobado por los dos tercios de los diputados presentes en la sesión.
En ese despacho se podrá pedir la suspensión de los jueces mientras dure el juicio, pero esa decisión depende del Senado, el único autorizado como tribunal a tomar esa medida. En caso de separar a los magistrados de la Corte, su lugar será ocupado por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones y por los conjueces.
La Ciudad
