Escándalo de concejales por presunto cobro de sobornos

El intendente de la localidad mendocina de Godoy Cruz, Pablo Biffi, se presentó espontáneamente ante el juez que investiga el caso más escandaloso de esa ciudad en el que un grupo de concejales es investigado por la presunta aceptación de sobornos para aprobar ordenanzas.
Biffi, acompañado por el abogado Carlos Varela Alvarez, se reunió con el juez Manuel Cruz Videla y a la salida de Tribunales dijo a la prensa que el magistrado le indicó que "nada" lo involucraba en el expediente y anunció que el lunes próximo la Municipalidad se presentará como querellante en el caso.
Además, el jefe comunal aseguró haber hablado personalmente con algunos empresarios involucrados en la pesquisa y que ellos le dijeron que "no" habían recibido ninguna presión de los concejales.
Por su parte, el juez Videla confesó ayer que el destape periodístico -realizado anteanoche en un programa televisivo- alteró los tiempos del juzgado y confirmó que en la próxima semana se iniciarán las citaciones. Sin embargo, el magistrado no reveló si ya había imputados y cuántos podrían ser.
De todos modos, fuentes judiciales adelantaron que el juez tendría decidido imputar a por lo menos 10 concejales, cuatro o cinco empresarios, dos empleados del Concejo (uno de ellos de alto rango y otro un ex concejal) y un abogado que sería familiar de uno de los ediles imputados.
Las fuentes también confirmaron que en esta causa por primera vez en la historia judicial de Mendoza se utilizó la figura del agente encubierto, lo que permitió la voluminosa recolección de datos aunque el mismo aún no ha sido identificado.
Por el edificio de Tribunales también pasó el concejal denunciante, Mauricio Guzmán, hombre de confianza del ex gobernador y actual diputado nacional Arturo Lafalla, que avaló y acompañó el proceso de denuncia.
El concejal del PJ se negó a dar precisiones sobre la causa ya que es parte involucrada de la misma y aseguró respetar "a rajatabla el secreto del sumario".
La investigación, que busca probar presuntos delitos relacionados con exenciones y refinanciaciones de deudas de contribuyentes de la comuna, fue iniciada el 18 de septiembre pasado por el juez tras la denuncia del concejal.
Los delitos que habrían sido cometidos van desde el cohecho hasta el encubrimiento y la destrucción de pruebas, según la investigación periodística.
La causa se inició cuando el concejal denunció a la Justicia que sus pares le habrían ofrecido participar en diversas extorsiones a reconocidos empresarios para aprobar ordenanzas, reglamentaciones o renegociaciones de contratos obtenidos.