Editorial

La Universidad de Rosario

En el marco de la crisis general del país, inédita e inimaginable poco tiempo atrás, las casas de altos estudios no podrían quedar indemnes a los ajustes presupuestarios. En la ley que se debate actualmente en el Congreso de la Nación la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tiene asignada 12 millones de pesos menos que el año anterior, ya de por sí signado por la falta de recursos y las limitaciones en todos los órdenes de la vida universitaria local.
De 92 millones asignados en el 2001, este año deberá conformarse con 80, una cifra que deberá ser manejada con mucho cuidado para tratar de no resentir la calidad de la enseñanza, que al fin y al cabo, es el mayor objetivo de la institución.
En el debate sobre las asignaciones de fondos a las distintas universidades del país, las autoridades locales deberían indagar por qué la de Tucumán la supera en 7,5 millones y la de Buenos Aires en más de tres veces. No se trata de mirar con rivalidad en las disponibilidades financieras de otros sino en entender y saber si hay equidad en el reparto.
Una vez aclarada esta cuestión, la UNR deberá también mirar hacia adentro y producir un ajuste en las áreas y los cargos absolutamente irrelevantes que seguramente todavía existen. El ejemplo debe comenzar por casa y es el propio rector quien debe tomar coraje para terminar con algunos vicios de la política universitaria -no docentes incluidos- que vienen desde muy atrás y que no han sido alterados pese a la gravedad de la situación. Los cuerpos directivos y no sólo el rector deberán tener decisión política para lograr mayor eficiencia, terminar con el gasto inútil, la superposición de funciones, los cargos inexplicables y todos las malas costumbres acumuladas durante años que todos los integrantes de la comunidad universitaria conocen a la perfección y comentan en voz baja.
Un tercer aspecto a analizar es si en este estado de situación la UNR puede continuar impartiendo enseñanza gratuita a todos sus alumnos, aún a aquellos que pueden económicamente hacer frente a sus estudios. Qué principio republicano o democrático se resignaría si la Universidad hace un llamado a las familias de sus alumnos de la ciudad y de la región y les pide una colaboración voluntaria para tratar de sobrellevar la crisis. Si los gobiernos emiten bonos para financiarse, por qué una institución del Estado se niega a pedir ayuda voluntaria entre quienes tengan la intención de que sus hijos puedan seguir estudiando sin que la calidad educativa disminuya año a año. El tema debería ser encarado seriamente de una vez por todas.