El presidente Eduardo Duhalde avanzó ayer en la construcción de "poder político" al consensuar con las principales fuerzas partidarias la aceleración del juicio político a los miembros de la Corte Suprema y elaborar un marco legal que proteja al nuevo plan económico del fallo del alto tribunal. Con esa premisa, Duhalde se reunió ayer con integrantes del gabinete nacional y legisladores del justicialismo, el radicalismo y el Frepaso, durante un encuentro en el que también se detallaron las nuevas medidas económicas (que serían anunciadas hoy) y la ley de presupuesto (ver página 3). "El presidente tiene poder político, va a actuar con la firmeza necesaria, va a tomar todas las medidas necesarias para encauzar este proceso desde el punto de vista institucional", aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario se ocupó de informar que el gobierno iba a trabajar para elaborar "alternativas para instrumentar las acciones necesarias desde el punto de vista de la profundización de la reforma judicial y la reforma política". Según trascendió, el gobierno considera que el fallo del tribunal no sólo responde a una "reacción defensiva" de los ministros de la Corte ante un posible juicio político, sino que vinculan la actitud de ese poder con sectores del menemismo y financieros, "interesados" en el fracaso de la actual gestión. A partir de la ofensiva de Duhalde contra los miembros de la Corte Suprema, el jefe del Estado habría abordado con funcionarios y legisladores la adopción de una nueva norma que flexibilizaría las actuales restricciones bancarias, pero que sería aprobada por el Parlamento. Precisamente, León Arslanián, ex funcionario de Duhalde en la provincia y ex ministro de Justicia de la Nación, aseguró que el gobierno nacional "tiene la posibilidad" de sortear el fallo de la Corte, que declaró inconstitucional al corralito bancario. En esa dirección, el Ejecutivo habrían consensuado en Olivos una nueva norma, adecuada a las medidas económicas, y que según los legisladores presentes podría ser transformada en ley "esta misma semana" por el Congreso nacional, de manera de proteger el programa ante posibles decisiones futuras de la Corte, como la que ocurrió con el corralito. Para tratar esos temas asistieron a Olivos el titular del Senado, Juan Carlos Maqueda; el presidente de Diputados, Eduardo Camaño; y el diputado a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Matzkin. También participaron del encuentro el ex presidente Raúl Alfonsín; el jefe del bloque de senadores de la UCR, Carlos Maestro; y los diputados Leopoldo Moreau y Marcelo Stubrin. En tanto, el diputado Darío Alessandro, y la vicepresidente de la comisión de juicio político, Nilda Garré, estuvieron por el Frepaso. Del lado del gobierno dieron el presente los ministros Jorge Vanossi (Justicia), Rodolfo Gabrielli (Interior), Alfredo Atanasof (Trabajo), Ignacio de Mendiguren (Producción) y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
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