Lucas Ameriso / La Capital
Rosario se quedó sin la utilización de los radares para el control de tránsito, tras vencer el contrato de la concesionaria municipal Strappa y fracasar el llamado a licitación por falta de interesados. Algunas organizaciones, como la Fundación Conciencia Vial, expresaron preocupación frente a la posibilidad de que ningún sistema se implemente durante todo el año, al tiempo que este diario -en notas anteriores- ya dio cuenta de la reaparición de picadas de autos.
Hace un mes y medio la concesión que tenía desde 1998 la firma Strappa llegó a su fin; en los 45 días transcurridos, numerosos conductores advirtieron la ausencia de los sensores y aumentaron la presión sobre el acelerador.
El municipio todavía no definió un plan alternativo que reemplace a las multas fotográficas: según las estadísticas oficiales, en octubre -uno de los últimos meses- se labraron cerca de 4.000 multas.
¿Está demostrada la eficacia de los radares, tan antipáticos para tantos conductores, en el control del tránsito?
Gerónimo Bonavera, titular de Conciencia Vial, sostiene que "algún control siempre debe haber. Y la circunstancia que vivimos actualmente, de ausencia de radares, se torna peligrosa: en Wilde y Córdoba hacia el aeropuerto y también en costanera norte las picadas son cada vez más frecuentes".
El concesionario, que por contrato debía cobrar 14 pesos por infracción, siempre dispuso de dos radares fotográficos montados en forma sorpresiva en calles principales de la ciudad.
Según explicó a La Capital el director de Tránsito, Manuel Sciutto, "en su momento se especuló con que a la licitación se presentaría el ex concesionario, ya que había comprado los pliegos, pero no fue así". El llamado quedó entonces desierto. El Ejecutivo, aunque sorprendido, tampoco optó por decretar una prórroga temporaria del servicio.
Las estadísticas oficiales señalan también que el número de actas se redujo un 59 por ciento de un año a otro, comparando el primer semestre del 99 con el de 2000.
Sciutto aún no tiene plazos para volver a concesionar el servicio. "La idea sería retomar los controles lo antes posible, pero aún no están definidos los mecanismos", indicó. "Se está trabajando en base a dos alternativas: insistir con licitarlo a un privado o bien ver si el municipio puede comprar los instrumentos de medición".
Según el funcionario, la traba es la profunda crisis. "Los insumos son importados, por lo tanto demorarán en aparecer las condiciones apropiadas", dijo.
A su turno, el titular de la Fundación Conciencia Vial, Gerónimo Bonavera, cuestionó la imprevisión del Ejecutivo ante esta caída en el concesionamiento del servicio y consideró que en su reemplazo podrían estar funcionando radares adquiridos por el municipio.
"Grosso modo, a Rentas Generales ingresaban mensualmente unos 150 mil pesos por la recaudación de multas fotográficas. O sea que al año la cifra era cercana al 1,8 millón de pesos. Si se mide el plazo de concesión, se puede afirmar con seguridad que se pudo haber comprado un radar por mes", sostuvo el especialista.
En tal sentido, Bonavera denunció la "imprevisión del gobierno municipal, en no haber asignado un porcentaje de la recaudación de los radares a la compra de estos instrumentos", la cual la atribuyó a "un error de gestión política".
Según este razonamiento "ya se habría resuelto la falta de control que amenaza la seguridad vial en la ciudad con la compra de radares municipales que ejercerían una función social, ampliando el espectro en las zonas de medición de velocidad".
Lo cierto es que el máximo permitido de 60 kilómetros para las arterias de la ciudad y 80 kilómetros para avenidas quedará a criterio de los conductores. Todo parece remontarse a cuatro años atrás. "Un mes sin control y volvieron las picadas de autos", se lamentó Bonavera. "La Intendencia debió haber advertido esta situación y la responsabilidad ahora es reinstalar un sistema de control, se llame radares o lomo de burro".
| |
La Ciudad
