Los principales referentes empresarios locales estimaron como positiva la sanción de la suspensión por 180 días de las ejecuciones contemplada en la nueva ley de quiebras, aunque consideraron a la normativa insuficiente y pidieron al gobierno que avance con la implementación real de políticas activas para el sector productivo.
Los dirigentes empresarios se mostraron a favor de la nueva ley de quiebra teniendo en cuenta la actual parálisis de la economía argentina, agravada por las demoras en la toma de decisiones en el gobierno nacional lo que genera un alto grado de incertidumbre como para vislumbrar un despegue de la economía.
"Este contexto de parálisis económica esta ley viene a enmendar un poco los problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas", resaltó Roberto Paladini, presidente de Fisfe (Federación Industrial de Santa Fe).
En tanto, el titular de la Asociación Empresaria, Elías Soso, estimó que "todo es favorable en esta crisis galopante que vive la Argentina", pero remarcó que "de continuar por este camino la situación económica dentro de 30 ó 60 de días se comenzarán a cortar los servicios a muchas empresas, se batirá el récord de impago de servicios si éstas compañías no replantean la ecuación".
De todas formas, Soso manifestó que la suspensión de las ejecuciones no resuelve los problemas de fondo y pidió al gobierno dar un paso más con "la postergación de los pagos fiscales y acompañarla con una baja en el precio de los servicios".
El vicepresidente de Apyme, Juan José Sisca, se mostró cauteloso a la hora de calificar los alcances de la nueva ley de quiebra, ya que "a algunos empresarios que compraron maquinarias no los pesifican". La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios presentó un recurso de amparo colectivo para la paralización de las ejecuciones "hasta que se pongan en marcha políticas activas para el mercado interno".
"También la suspensión del cierre de las cuentas corrientes bancarias e igual tratamiento para las empresas de servicios públicos", solicitó el empresario, y remarcó que "la devaluación nos afectó porque le quitó poder adquisitivo a la gente y el corralito financiero secó la plaza". También bregó por que se implemente "un plan de salvataje para las pymes".
La cautela de los empresarios también se sustenta en los rumores que circulan desde su aprobación, sobre que el presidente Eduardo Duhalde vetará la medida sancionada esta semana por el Poder Legislativo. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) no escondió su disconformidad con la nueva legislación para las quiebras empresarias (ver aparte).
Por esta razón, los empresarios reclamaron al presidente el cumplimiento de los anuncios que realizó al momento de sentarse en el sillón de Rivadavia: "Una alianza con el sector productivo". Una frase que se va diluyendo a medida que transcurren los días.
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La Ciudad
