La mesa del diálogo argentino pidió que se liberen cuanto antes las restricciones financieras, y que se realice una reforma política tendiente a garantizar los principios de "representatividad, legitimidad, proximidad y austeridad". También reclamó que se lancen "medidas urgentes de reactivación económica y generación de empleo, poniendo énfasis en el rol de las pymes, y se establezcan severas sanciones para quien desvíe los fondos destinados a la ayuda social o a quien prometa o condicione la ayuda social a cambio de apoyo político.
Efectuó, además, una "convocatoria patriótica" para que los ciudadanos que tengan ahorros depositados en el exterior los retornen al país.
En un documento titulado "Bases para el diálogo argentino", exhortó a los bancos a "asumir su responsabilidad en este momento de crisis aguda", e insistió en la necesidad de que se implementen "cuanto antes medidas tendientes a liberar las restricciones financieras".
Solicitó, asimismo, que se establezca "un justo equilibrio entre el derecho de los depositantes a disponer de sus ahorros y la necesidad que tiene todo el país de contar con un sistema bancario responsable que atienda con seguridad, celeridad y respeto a sus clientes".
El grupo dialoguista (que integran representantes gubernamentales, episcopales y de las Naciones Unidas) instó a las empresas privatizadas y a otros sectores que se "beneficiaron con altas rentas monopólicas" a que se adapten a "una economía deprimida, que necesita sus servicios para reencontrar la senda del crecimiento, definiendo nuevas reglas de juego y espacios de regulación, en beneficio de usuarios y consumidores".
"Con la paz social recobrada y un plan económico creíble y sostenible, será posible en el corto plazo la reconstrucción del mercado nacional, la recuperación del potencial exportador y la generación de un clima de confianza para la inversión", aseguraron los miembros de la mesa en el texto de nueva carillas.
Al delinear las propuestas para el plano político, pusieron especial énfasis en que urge "abolir todas las jubilaciones de privilegio" y determinar que ningún funcionario político "pueda tener cuentas o fondos en el exterior, a su nombre o al de familiares directos".
Tras considerar que debe "equipararse a los jueces con el resto de la ciudadanía en su obligación de pago de impuesto a las ganancias y bienes personales", el grupo bregó por "la libertad de los presos detenidos por reclamos sociales no violentos, en función de la paz social y la preservación de sus familias".
A los legisladores les pidieron que "traten y sancionen las leyes que reglamenten las campañas y el financiamiento de los partidos políticos".
En el plano institucional, exigieron una reforma del Estado que establezca los cargos de conducción de la administración mediante "concursos transparentes" y la renovación de todos los organismos y entes regulares y de control de servicios".
Antes de su difusión públicas, el documento le fue adelantado al presidente Eduardo Duhalde por los tres integrantes gubernamentales (Juan Pablo Cafiero, Antonio Cafiero y José María Díaz Bancalari) de la mesa de diálogo. El grupo (que también integran los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Ramón Staffolani, y los equipos técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) pretende que estas sugerencias sean implementadas "con rapidez".
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La Ciudad
