Washington. - El escándalo alrededor del colapso del gigante energético Enron, que gozaba de buenas relaciones políticas, ha añadido combustible al proceso de purga para liberar a los políticos estadounidenses de la influencia del dinero.
La quiebra del 2 de diciembre, por la que miles de trabajadores y accionistas perdieron su seguros de vida, ha puesto a la luz una vez más las relaciones que existen entre el gobierno e intereses especiales que, según los más críticos, van minando la democracia.
El jueves, cuando un comité del Congreso comenzó a poner en la palestra a empleados contables que destruyeron documentos incriminatorios, los reformadores celebraron una pequeña victoria sobre las políticas del dinero.
Un proyecto de ley de los demócratas sobre una reforma de la financiación de las campañas electorales recibió el apoyo suficiente de los republicanos para forzar un debate sobre la compra de influencia.
Un límite fácil de eludir
En las campañas políticas, las contribuciones individuales están limitadas a 2.000 dólares por elección. Sin embargo, las empresas, los sindicatos y los particulares pueden aportar tanto dinero como quieran para financiar a los partidos, siempre que éste no se utilice en campañas (también llamado dinero dulce en la jerga política).
Una escapatoria sencilla para los partidos políticos es usar este dinero para pagar anuncios publicitarios en los que promueven o atacan a candidatos pero evitan decir a los espectadores por quién votar.Las elecciones se han vuelto muy caras en Estados Unidos, donde los candidatos al Congreso no reciben financiación del Estado.La financiación particular tiene un precio, ya que los principales donantes la usan para ganar acceso y un trato favorable en el Congreso. Otros argumentan que las donaciones políticas son una forma de "libre discurso" con el que \ los donantes expresan su apoyo a candidatos cuyas posiciones comparten.Enron, la mayor compañía que comercializaba energía antes de desmoronarse entre una montaña de deudas ocultas, donó mucho dinero a los dos partidos. Desde 1996 fueron 2,7 millones de dólares en calidad de financiación no destinada (formalmente) a campañas electorales.
Su jefe ejecutivo, Kenneth Lay -quien dimitió esta semana, un día después de que el FBI registrase los cuarteles generales de Enron-, contribuía con el presidente George W. Bush.
Enron y Lay financiaron generosamente a una serie de importantes congresistas republicanos, entre los que se encuentra el antiguo senador John Ashcroft, quien como fiscal general y secretario de Justicia se ha inhibido en la investigación penal de la compañía.
Enron, como otras grandes compañías, habría ganado más de 250 millones de dólares en rebajas impositivas bajo la ley republicana para la estimulación de la economía.
Common Cause denuncia que las contribuciones de Enron -que anteriormente influyeron a la administración demócrata- eximían a la compañía de un control efectivo por parte de las agencias gubernamentales.
"La venta de influencia política está en el centro del escándalo de Enron, y el escándalo muestra que el gran sistema de dinero de Washington tiene consecuencias reales para empleados, jubilados y accionistas", apuntó la institución. (DPA)
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