El gobierno nacional declaró ayer la emergencia ocupacional nacional y dispuso la inmediata puesta en marcha de los planes sociales para trabajadores desocupados con la finalidad de paliar la aguda crisis económica y social que atraviesa el país. Según adelantó la cartera laboral, a cargo de Alfredo Atanasof, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social y Medio Ambiente "comenzarán la inmediata aplicación de planes sociales en todo el país, que en su primera etapa alcanzará a 500 mil personas". También se informó que las sumas de dinero destinadas a los beneficiarios de estos planes sociales "oscilará entre los 100 y los 200 pesos, durante un plazo de tres meses, que podrá ser renovado". Trabajo precisó que en el marco de la emergencia ocupacional fue creado el programa Jefes de Hogar, que asistirá a las/los cabezas de familia desocupados con hijos de hasta 18 años. Para acceder a este beneficio se requerirá acreditar la condición de jefe o jefa de hogar en situación de desocupado. Los beneficiarios del sistema deberán acreditar la tenencia de hijos a cargo mediante la presentación de la correspondiente partida de nacimiento o certificación de estado de ingravidez. Además, deberán presentar certificados de escolaridad en condición de alumno regular y de vacunación. La cartera laboral informó que otro de los requisitos es la acreditación de las condiciones de discapacidad del o de los hijos a cargo de ciudadanos extranjeros residentes en forma permanente en el país, que deberá ser acompañado por el DNI. La iniciativa oficial apunta a brindar una ayuda económica a los sectores más desprotegidos de la población con el fin de “propender a la protección integral de la familia, asegurando la concurrencia escolar de los hijos así como el control de la salud" de los mismos. Para la aplicación del mencionado programa se creará en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) el Registro Nacional de Beneficiarios de los Planes Sociales y a través de la Secretaría de Empleo de la Nación, se establecerán los trámites de inscripción e incorporación de los beneficiarios y los procesos administrativos atinentes al pago de los beneficios. También se adelantó que Ejecutivo distribuirá los fondos disponibles entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el coeficiente resultante de la relación habida entre los fondos coparticipables que se le asignen y al índice de nivel de pobreza elaborados por el Indec.
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