Legisladores del justicialismo y el radicalismo de ambas cámaras del Congreso tienen previsto reunirse hoy al mediodía para intentar destrabar el proyecto que modifica la Ley de Quiebras, estancado hace una semana a raíz de diferencias entre el gobierno y algunos legisladores de los partidos mayoritarios. La norma, que suspende por 180 días las ejecuciones hipotecarias y prendarias, y prorroga los procesos de concurso preventivo y quiebra de empresas, no pudo ser tratada la semana anterior en el Senado, pero el Ejecutivo pretende que en el transcurso de los próximos días se transforme en ley sin mayores variantes en su texto. Del encuentro, que será de hecho bicameral, participarán los presidentes de Bloque del Justicialismo y Radicalismo en el Senado, José Luis Gioja y Carlos Maestro, además de sus pares de la Cámara Baja, Humberto Roggero y Horacio Pernasetti. También estarán presentes los senadores Raúl Baglini (UCR), y Carlos Verna, Miguel Angel Picheto, y Liliana Negre de Alonso (PJ), además de los diputados Arturo Lafalla, Jorge Matzkin, y Juan Schiaretti (PJ). Voceros del justicialismo aseguraron que tal como desea el gobierno, el proyecto "no sufrirá demasiadas modificaciones respecto al texto original, elaborado por el Ejecutivo". La iniciativa prohibe las transferencias de divisas al exterior, suspende por 180 días hábiles -unos 9 meses- las ejecuciones hipotecarias y prendarias de cualquier origen, y limita a 90 días las medidas cautelares sobre bienes que resulten indispensables para la continuidad de la actividad del deudor. El proyecto establece además un régimen de capitalización de acreencias, es decir, que transforma la deuda en acciones preferenciales de la empresa concursada. Entre los opositores al texto enviado por el Poder Ejecutivo, se cuentan la tucumana Malvina Seguí, la puntana Liliana Negre de Alonso, y la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner que pretenden que la capitalización sea voluntaria y no obligatoria como plantea la propuesta. En el temario también figura el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que tiene media sanción del Senado y que debe ser tratado por Diputados.
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