Bogotá.- Ante la inminente ruptura del diálogo con las Farc, el presidente Andrés Pastrana tenía confeccionadas las órdenes de detención para los principales dirigentes guerrilleros, que hubieran entrado en vigencia apenas finalizado el plazo concedido a la organización guerrillera para restablecer el proceso de paz. Entre los decretos que quedaron en el cajón figuraba también la orden dirigida al ejército de recuperar las zonas desmilitarizadas, donde estaban las fuerzas guerrilleras.
En el paquete de medidas incluía también la cancelación del estatus político otorgado a las Farc durante las negociaciones de paz. La Fiscalía Nacional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, anunciaron ayer por la tarde que reabrirían las oficinas que durante estos años permanecieron inactivas en la zona desmilitarizada y normalizarán la actividad judicial.
Estos organismos judiciales aseguraron que retomarían de "forma tranquila" la vigencia de la Constitución colombiana en los municipios San Vicente del Caguán, Vista Hermosa, La Uribe, Mesetas y La Macarena, informó el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien negoció hasta último minuto en la región.
El fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, informó que el retiro del estatus político a las Farc, activaba automáticamente las múltiples y antiguas ordenes de captura de algunos de los principales jefes de la organización. Esas órdenes de captura fueron suspendidas temporalmente para permitirles a la cúpula guerrillera una movilización más libre para las negociaciones de paz.
Las acusaciones contra los jefes de las Farc incluyen los delitos de asesinatos, rebelión, secuestro y extorsiones, asociación para delinquir y portación ilegal de armas. El septuagenario máximo jefe de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, tiene 32 ordenes de captura, algunas de las cuales fueron expedidas hace más de 40 años cuando inició sus actividades guerrilleras. (Ansa)
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