Legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en la imperiosa necesidad de encarar una reforma política en la provincia que apunte a bajar las erogaciones del Estado, aunque discreparon a la hora de opinar sobre la necesidad de instrumentar cambios a través de una modificación de la Constitución santafesina.
La Capital recogió ayer opiniones de todo el arco político de la Legislatura provincial. El tema salió a la luz el fin de semana pasado, luego de que el gobernador Carlos Reutemann instruyera al ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez (quien el viernes se reunió bajo la más estricta reserva con el intendente de Rosario, Hermes Binner) para iniciar una ronda de consultas con los partidos y apurar la reforma.
"Los costos de la política se pueden reducir sin ninguna necesidad de convocar a una reforma constitucional", respondieron por separado -pero en forma casi calcada- los senadores Pablo Cardinale (PDP) y Felipe Michlig (UCR), consultados sobre la idea lanzada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Hammerly, de introducir modificaciones a la carta fundamental a través de la Asamblea Legislativa. También coincidieron en señalar que detrás de la propuesta se esconden intenciones reeleccionistas.
Al respecto, Cardinale señaló: "La prioridad del oficialismo obedece a la reelección del gobernador y el PDP, como lo hizo en la Convención Nacional Reformadora de 1994, se opone absolutamente a que ese sea el eje de los cambios, con los que, no obstante, estamos filosóficamente de acuerdo". Michlig también juzgó que una reforma constitucional "no se puede acomodar a las necesidades" del mandatario provincial.
La vereda del Lole
Desde la vereda reutemista, el jefe del bloque de diputados del PJ, Ariel Ugalde, rebatió los argumentos opositores: "El tema central que estamos planteando es una reforma política y no la reelección del gobernador, aunque esta sea una cuestión importante para debatir".
Además, recordó que desde el PJ "venimos planteando desde hace tiempo la necesidad de reducir el número de legisladores, ampliar el mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años y debatir sobre la conveniencia o no de ir a un sistema unicameral".
"Todo esto puede hacerse a través de una reforma constitucional sin costo alguno encarada por la Asamblea Legislativa, que tal vez no sea la metodología ideal, pero sí la más adecuada para el momento que estamos viviendo", dijo Ugalde.
Mientras Michlig planteó algún tipo de reserva sobre la validez del mecanismo de reforma propuesto desde el PJ, Cardinale lo desechó de plano: "De ninguna manera se pueden constituir las Cámaras en Asamblea Constituyente".
Michlig se preguntó también si "verdaderamente una reforma constitucional contribuirá a bajar los costos políticos", aunque reconoció que "siempre es beneficioso actualizar las instituciones". Y se mostró de acuerdo con reducir el número de legisladores, "preservando el criterio de representatividad territorial".
"Tenemos que discutir sobre números concretos y reconocer que en el Senado, donde ya se redujo el número de empleados a 250, podríamos funcionar perfectamente con no más de 150, además de recortar cargos y gastos", enfatizó el radical.
Tras añadir que habría que debatir, en el caso de Diputados, sobre los montos de los subsidios "que muchas veces no son repartidos, de modo que no hacen falta ni tantas reformas ni recursos sino un sinceramiento y un transparentamiento del gasto y las conductas políticas", Michlig sentenció: "Hay que actualizar la Constitución, pero eso se puede dejar para un momento más oportuno".
Cardinale también se mostró partidario de discutir la reducción del número de legisladores, el sistema unicameral, la consagración constitucional del Consejo de la Magistratura y la duración del mandato de los presidentes comunales.
Pero aseguró que "si la cuestión es ahorrar se podría convocar a una Asamblea Constituyente ad honórem, que funcione con la estructura de la Legislatura".
De todos modos, el pedepista advirtió: "El verdadero punto de la cuestión es que el PJ y la UCR no están dispuestos a afrontar en este momento un proceso eleccionario porque tienen un fundado temor de que la reacción popular sea muy dura, ya que son responsables de lo ocurrido en el país durante la última década".
A su turno, Ugalde consideró apropiado instalar un debate en torno al esquema electoral en la provincia. "Creemos que se puede explorar la posibilidad de ir a un sistema intermedio entre el tradicional y la ley de lemas", concluyó el justicialista.