"Se remata a la una, se remata a las dos, se remata a las tres". Según cifras oficiales, esta frase se escuchó unas 800 veces en los últimos 11 meses en Rosario, entre el 1º de febrero y el 31 de diciembre de 2001. Aunque los jueces de los Tribunales provinciales ordenaron 950 subastas, sólo llegaron a concretarse 799: el resto fracasó por "problemas de agenda", es decir, por superposición de horarios y cosas por el estilo o por factores impredecibles para los jueces. El número implica un leve aumento sobre el 2000 y es a su vez la cifra más alta de los últimos cinco años, pero nada que estuviera fuera de las previsiones de los especialistas a principios de 2001. En cambio, en el año que está comenzando estos indicadores podrían dispararse como efecto inevitable de la crisis económica, que se traslada irreversiblemente a los tribunales y adquiere forma en una innumerable cantidad de demandas por incumplimiento de obligaciones.
El número de remates realizados contrasta visiblemente con las cifras difundidas a mitad del año pasado por la Asociación para la Defensa de la Vivienda Unica (Adevu), una entidad que se opone a las ejecuciones judiciales cuando se trata de la única propiedad de las personas demandadas. Para Adevu, más de 5 propiedades van a remate por día en Rosario. Si así fuera, la cifra debería haber superado las 1.600 subastas, un número muy superior a las 950 ordenadas y 799 concretadas.
Para los expertos del Poder Judicial, esta cantidad (799) es un indicador más de la gran recesión económica y una prueba contundente sobre la imposibilidad de mucha gente para afrontar al pago de sus deudas, pero son poca cosa frente a la cantidad de causas que se inician a diario. Sin embargo, los números actuales todavía no reflejan la profundización de la crisis en la segunda mitad del año pasado y menos el default interno de las últimas semanas. Esto es así porque la mayoría de los remates realizados durante 2001 corresponde a juicios iniciados en años anteriores. "En los próximos meses es probable que estos números se disparen hacia arriba", afirman los especialistas.
La cantidad de subastas crece año a año, pero la curva ascendente no registró picos al menos en el último lustro. "En 2001 hubo una cantidad razonable y no se registró un gran aumento respecto al año anterior", dijo a La Capital un vocero de la Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo dentro del Poder Judicial de la provincia.
En 1996 hubo 664 remates. Un año después la cifra se elevó a 705 y en 1998 a los 750. El siguiente año hubo 781, en 2000 trepó a 797 y el año pasado casi se estacionó en 799. Sobre los pedidos hay datos sólo de los últimos dos años: fueron 922 en 2000 y 950 en 2001. La idea de la Corte y de los propios jueces es "achicar esa brecha" para que la mayor parte de las subastas se concreten en la fecha prevista por los magistrados.
Un tema controvertido
En los últimos años, este se ha convertido en un tema controvertido por distintas razones. Por un lado está la figura del remate como una herramienta legal que los jueces pueden utilizar en el marco de una demanda. Y por otro lado está la gente, especialmente aquella que por pequeñas deudas muchas veces corre el riesgo de perder no sólo su único bien material sino la casa donde vive.
A estas personas dice representar Adevu, un grupo de gente que más de una vez consiguió evitar subastas con el simple recurso de cantar el Himno Nacional y en otras ocasiones lo hizo en circunstancias un tanto más caóticas. A mediados de 1999, un remate terminó en escándalo a metros del Juzgado Civil y Comercial Nº4, en el edificio de los Tribunales, con una feroz represión policial incluida, y eso llevó a la Corte a pensar en un nuevo lugar para la realización de estos actos.
Por eso, en marzo de 2000 la Asociación de Martilleros se convirtió en la nueva sede oficial de las subastas. Pero eso no impidió remates traumáticos y, lo que es peor, alimentó la desconfianza de la gente hacia un viejo fantasma que enturbia la venta judicial de bienes en público y al mejor postor: las denominadas ligas de compradores, grupos de personas que se organizan para sacar ventajas de estas medidas y que en algunos casos rozan el delito.
En ese sentido, el año pasado al menos hubo una investigación encabezada por el juez de instrucción Carlos Carbone que detectó irregularidades e identificó a presuntos responsables. Cinco personas fueron procesadas por administración fraudulenta por esta razón. Dos eran particulares, pero los otros tres eran martilleros -es decir, nada menos que quienes tienen a su cargo los remates- y dos de ellos, miembros de la Asociación de Martilleros: el tesorero Amadeo Chaina y la vocal Rossana Elizabeth Fagnani. Los otros fueron la también martillera María Cristina Gioannini, más los particulares Roberto Raúl Cazzolino y Alberto Conde.
El proceso aún sigue abierto y no se sabe si llegará a juicio. Según el juez Carbone, el modo de operar de estas ligas consiste en eliminar la libre oferta de los interesados en adquirir bienes rematados por diversos tipos de mecanismos, que a su juicio "no siempre son lícitos".
El zorro en el gallinero
Al procesar a estos cinco sospechosos, el magistrado sostuvo que si bien la compra de bienes en una subasta no constituye un delito en sí mismo, sí son ilegales la coacción, las intimidaciones, las exigencias ilegítimas a los posibles oferentes y otras maniobras por el estilo.
"Supuestamente el zorro estaba adentro del gallinero", dijo el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, cuando la investigación de Carbone avanzaba a toda marcha pero aún no había procesados. Fue en una audiencia que concedió a Adevu para escuchar las quejas de esta organización.
En julio, cuando se reunió con Gutiérrez, el titular de Adevu, Marcelo Bonini, pidió la suspensión por un año de las subastas. No tuvo suerte: la máxima autoridad judicial de la provincia le informó que eso era resorte del Poder Legislativo y no de la Justicia.
La Ciudad
