La Justicia investiga las responsabilidades del presidente renunciante Adolfo Rodríguez Saá, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y el jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, en los graves incidentes registrados en la madrugada del sábado pasado en el Congreso.
Los desmanes comenzaron tras el cacerolazo pacífico que partió de barrios periféricos y llegó rápidamente a Plaza de Mayo y el Congreso, cuando, a las 2, varias personas intentaron ingresar a la Casa Rosada y lograron hacerlo al Congreso, quemando y saqueando las instalaciones.
La imagen de sillones y mesas cayendo por la escalinata principal del edificio, y el interior con distintos focos de fuego, se combinó con las personas que intentaban forzar las puertas de Balcarce 50, mientras otros manifestantes se alejaban de esos grupos.
La Justicia federal cuenta con una denuncia anónima que asegura que los grupos que incendiaron instalaciones del Parlamento contaron "con apoyo interno del Congreso, ya que se presume que abrieron las puertas a los violentos".
La investigación fue promovida por los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers, y abarca a Rodríguez Saá, Gabrielli y Giacomino. Asimismo, la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a varias medidas requeridas por la Fiscalía.
La magistrada tramita también una causa penal en la que están imputados por cinco homicidios, lesiones y daños el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro del Interior Ramón Mestre, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el antecesor de Giacomino al frente de la Policía Federal, Rubén Santos.
De este modo, la Justicia tiene en sus manos la investigación de los dos momentos de mayor violencia en la profunda crisis que atraviesa la Argentina: el que abarcó las 48 horas del 19 al 20 de diciembre, con saqueos, desmanes y una violenta represión que provocó 29 muertos, 7 de ellos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, y el del sábado, que precipitó los tiempos de la administración de Rodríguez Saá.
Más cuestionamientos
El sábado, antes de los hechos de violencia, la gente había ganado nuevamente las calles en forma espontánea en una protesta de dos ejes clave: el rechazo a la presencia de cuestionadas figuras de la política, que provocó la renuncia esa misma noche del jefe de Asesores del Gabinete de Ministros, Carlos Grosso, y la vigencia del corralito que restringe el acceso a los depósitos bancarios, convalidada por la Corte Suprema de Justicia.
Los porteños, que rápidamente llegaron a la histórica plaza y al Congreso, reclamaron, además del alejamiento de Grosso, la renuncia de los integrantes de alto tribunal, en una protesta que se desarrolló en forma ordenada hasta que estalló la violencia desde grupos muy puntuales.
Asimismo, Rodríguez Saá fue acusado en los tribunales por abandonar el cargo apenas una semana después de haber asumido y Servini de Cubría lo intimó a ejercer la primera magistratura hasta tanto la Asamblea Legislativa aceptara su dimisión.
Tras la intimación, Gabrielli salió a aclarar que Rodríguez Saá seguía al frente del país "hasta que se concrete el traspaso" a quien corresponda. Sin embargo, desde San Luis, el mandatario saliente respondió a la intimación judicial con un pedido de licencia que venció ayer.
Idéntico camino eligió el misionero Ramón Puerta, quien renunció a la titularidad del Senado dispuesto a no asumir nuevamente la Presidencia de la Nación por 48 horas.
La Ciudad
