Firmat. - Los ex empleados de la fallida empresa de cosechadoras firmatense Roque Vassalli, en manos del grupo Koner Salgado desde la década del 80, están a un paso de cobrar sus acreencias laborales. La medida alcanza a unas trescientas personas y, de concretarse, unos dos millones de pesos se inyectarían en el agónico mercado interno de esta ciudad. El Juzgado Nº 23 de Capital Federal, donde se tramita la quiebra, ya ordenó la liberación de los fondos.
El intendente Carlos Torres anunció la buena noticia para los ex metalúrgicos que desde hace años reclaman sus acreencias laborales. La fábrica de cosechadoras en la que trabajaban, una de las dos que existen en la ciudad, cesó sus actividades después de que fracasara el arrendamiento dispuesto por el juez mientras se sustanciaba el proceso de quiebra. La empresa había sido adquirida por el grupo Koner Salgado a Roque Vassalli, y seguía comercializando con ese nombre las máquinas que fabricaba.
Después de una larga serie de gestiones, ahora los ex empleados están a días de hacerse con el dinero por el que venían pugnando desde que perdieron sus fuentes de trabajo. "Logramos que se termine la etapa judicial de este proceso y que el juzgado emita el oficio al Banco Ciudad de Buenos Aires, ordenando que libere los fondos de la quiebra, la transferencia a la ciudad de Firmat y el pago", explicó Torres.
Según el intendente, la medida se concretará en el transcurso de este mes, cuando se cumpla el plazo fijo al que está colocado el dinero y que vence el 9 del corriente. "Desde esa fecha se haría la transferencia al Banco de la Nación de nuestra ciudad, y a partir de allí los ex empleados podrán disponer del 30 por ciento de sus acreencias que para la ciudad es algo muy importante", comentó.
"Esto va a generar una distribución en el mercado interno de Firmat, quienes perdieron sus fuentes de trabajo podrán afrontar las deudas que se generaron por su compleja situación", explicó Torres. La quiebra de la ex fábrica de cosechadoras estuvo radicada en un juzgado de Melincué, desde donde se la trasladó a Buenos Aires, para integrar la quiebra madre del grupo Koner Salgado.
En los últimos meses, a través de los diputados Alfredo Cecchi (provincial) y Carlos Iparraguirre (nacional), los ex empleados y el gremio, se acentuaron las diligencias para liberar los fondos ante la acuciante necesidad por la que atravesaban los desocupados, relató Torres. En la actualidad está en marcha un intento para reactivar la producción a través de una cooperativa, pero según el intendente, la voluntad del juez que entiende en la causa, sería vender la fábrica.
"Enorme paciencia"
La lucha de los ex empleados de la empresa, que en su momento lideró el mercado de las cosechadoras fue extensa y plagada de sinsabores. "Hace años que sufren y que tuvieron una paciencia enorme, para bancarse entre otras cosas un proceso judicial muy largo", explicó el intendente Carlos Torres. La histórica fábrica, sobre la cual se vertebró el perfil industrial que permitió el despegue de la ciudad de Firmat, comenzó su caída libre en 1992. Cinco años antes, el grupo Koner Salgado había comprado la empresa a su fundador Roque Vassalli.
El cambio de manos marcó el principio del fin para cientos de familias firmatenses que directa o indirectamente estaban relacionado a la producción de cosechadoras que eran reconocidas a nivel internacional. Lo que antes era movimiento y trabajo, devino en un concurso de acreedores. Fuera del circuito productivo, desde 1992 y hasta 1995, la resistencia corrió por cuenta de los obreros que nunca abandonaron su lugar de trabajo. En 1996 aterrizó un grupo de salvataje comandando por Roberto Chinelli que hasta septiembre de 1997, no había logrado el objetivo.
La quiebra llegó entonces por peso específico, y por decisión del juez en lo civil, comercial y laboral de Melincué, Federico Longobardi. Mientras corrieron los tiempos procesales, en 1998, el magistrado arrendó la planta a la firma Fábrica Elementos Agrícolas, de la firma Ivanar. Las esperanzas volvieron pero la realidad demostró que fue un espejismo.
En su momento, la decisión de alquilar la planta mientras se sustanciaba la quiebra aparecía como un paso operativo. Entre las cláusulas contractuales, en esa oportunidad, el magistrado fijó un piso de 153 puestos de trabajo de los 300 que existían al momento en que el establecimiento había cesado su producción.
El contrato también contemplaba un canon de unos dos mil pesos por máquina fabricada, con una producción mensual no inferior a 20 unidades y un depósito de 500 mil dólares en garantía. Pero las reglas de juego no se cumplieron y en octubre de 1999, a través de un escrache, frente a la planta, los trabajadores pidieron explicaciones tanto a la empresa como a la sindicatura que en esos momentos monitoreaba el proceso.
A esta altura de los hechos, ya se había dado el primer paso de un camino sin retorno. Finalizó el arrendamiento por parte de Fea SA, con fuertes cuestionamientos por parte de los empleados. Por si fuera poco, un pedido de extensión de quiebra derivó la causa desde los tribunales de Melincué, hacia el Juzgado Nº 23 de Capital Federal.
La Ciudad
