La inestabilidad política y la feroz disputa de los distintos sectores económicos para esquivar los costos de la bancarrota argentina se devoró al presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien renunció ayer luego de que importantes gobernadores justicialistas le quitaran el respaldo. Desde el mundo empresario, ya se alzaron las primeras voces reclamando "un gobierno de unidad nacional" que implicaría desterrar la idea de realizar las elecciones en marzo próximo.
La ofensiva de un grupo de gobernadores justicialistas, de los cuales el cordobés José Manuel de la Sota fue el principal vocero, reconocía en algún punto una motivación económica. El gobierno, presionado por los bancos, los organismos internacionales y gobiernos como el español, había optado por avanzar con un ajuste de 3.500 millones de pesos en el presupuesto 2002, con ahorros que fundamentalmente pasarían por un recorte en las transferencias de coparticipación a las provincias.
Precisamente, la única declaración del gobernador Carlos Reutemann tras asegurar que no viajaría a la reunión de Chapadmalal, fue de abierta crítica al puntano Rodríguez Saá: "Una de las cosas fundamentales a resolver es el cumplimiento de los compromisos asumidos con las provincias, en este tema no ha habido diferencia con el gobierno anterior, hace tres días que tratamos de hablar con la Secretaría de Hacienda sin lograrlo", dijo en un reportaje con el diario "El Litoral".
En el filo de la navaja, Rodríguez Saá recibió el fin de semana todas las presiones juntas. La de sus pares justicialistas, la de los ciudadanos de clase media que salieron a reclamar por la devolución de los depósitos, la de las empresas de servicios que le exigieron no tocar el esquema que le asegura la rentabilidad atada a la paridad del dólar, y la de los banqueros que pedían profundizar la inmovilización bancaria.
Un grupo de economistas independientes que se reunió el sábado con Rodolfo Frigeri, hasta ayer secretario de Hacienda, lo convenció de abandonar la idea de crear una tercera moneda (el Argentino) y le planteó la necesidad de presentar un presupuesto 2002 con un fuerte ajuste, incluida una nueva ley de coparticipación federal, para presentar a Estados Unidos y la comunidad internacional en función de pedir una ayuda financiera que permitiera sostener las reservas y el sistema financiero.
Ayer, funcionarios del área de Hacienda y del Banco Central analizaron con banqueros de primera línea la posibilidad de flexibilizar el corralito bancario, incrementando el tope de extracciones para las cuentas sueldos a 1.500 pesos. Como contrapartida, recibió un compromiso de los bancos de ampliar el horario de atención.
De los depósitos ni hablar. Directivos de las entidades presentes argumentaron que lo que hacía falta era profundizar la inmovilización y no liberarla. "Nosotros no queremos las restricciones pero no queda otro remedio ya que desaparecieron los fondos del mercado, me parece que el corralito para los plazos fijos va a durar mucho tiempo pero esperamos que las restricciones sobre los depósitos a la vista duren lo menos posible", señaló un encumbrado banquero de la city porteña. Y siguió: "En medio de la crisis hay que evitar que se caiga el sector financiero porque no hay red que pueda soportar la caída de una sola entidad".
Tras las primeras horas de confusión, luego de la salida de Fernando de la Rúa, el sector empresarial comenzó a reposicionarse con un programa heterogéneo pero que tenía algunos puntos en común: el espanto por el coqueteo de Rodríguez Saá con las centrales sindicales, la conformación de un gobierno de concertación nacional que evitara el llamado a las elecciones y un fuerte ajuste fiscal para presentar un "programa sustentable" al FMI. La idea era que retomando la vía de las reformas de los gobiernos anteriores y con un gobierno acordado entre cúpulas partidarias, se podía conseguir una masa de préstamos internacionales suficientes para salvar al sistema financiero.
El Olivos II
Esa fue la jugada que olieron algunos de los gobernadores que ayer decidieron no participar de la reunión de Chapadmalal y dejar a Rodríguez Saá sin apoyo político. El santacruceño Néstor Kirchner lo advirtió anoche cuando denunció que detrás de la idea del gobierno de salvación nacional se escondía la idea de "armar un Pacto de Olivos II" y reiteró su posición a favor de un llamado a elecciones.
"En democracia la gente tiene que votar y no esperar acuerdos de cúpula, eso es evitar ir al fondo del problema, que es que la Argentina está quebrada y que es el sector financiero el que debe decir dónde está la plata que el público les confió para que administraran".
Casi en simultáneo, una fuente del Grupo Productivo indicó que ese nucleamiento llevará al nuevo presidente, Eduardo Camaño, una propuesta de "gobierno de unidad nacional, convalidado por la Asamblea Legislativa, que lleve adelante un plan económico sustentable y lo presente en Estados Unidos para requerir el apoyo de los organismos multilaterales de crédito".
"Ahora más que nunca se avanzará en pedir de manera urgente la conformación de un gobierno de unidad nacional, este gobierno debería tener un plan económico sustentable que atienda seriamente el tema social y de seguridad", dijo el industrial.
El mismo referente, que prefirió el anonimato, dio que hay "una clara pulseada entre el sector de las empresas privatizadas, hoy en poder los españoles, y los americanos para mantener sus intereses a través de la preservación del uno a uno".
Al enunciar los argumentos de su renuncia, Rodríguez Saá incluyó a "los lobos o los lobbies que andan sueltos" que "no han entendido la esencia de los nuevos tiempo y pretenden mantener los privilegios de la vieja Argentina". Subrayó, en ese sentido, que no estaba dispuesto a ser "el presidente de la represión al pueblo para sostener las posiciones de los factores de poder".
La Ciudad
