La decisión del nuevo presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, de suprimir el Ministerio de Educación de la Nación no fue para el sector educativo una sorpresa. Este pedido ya lo habían manifestado públicamete muchos gobernadores de provincias, argumentando que eran sus jurisdicciones quienes hacían frente al sostenimiento de la educación y que el ministerio nacional era un ente sin escuelas.
Lo cierto es que la medida obligó a los maestros santafesinos a interrogarse sobre temas puntuales y de urgencia. Entre ellos el cobro del incentivo docente y las titularizaciones prometidas. Mientras algunas versiones aseguraban que la decisión del nuevo gobierno nacional es que el pago del incentivo pase a ser responsabilidad de las provincias, fuentes cercanas al ministro de Educación santafesino, Alejandro Rébola, aseguraron que "todo está igual que como en tiempos de De la Rúa" sin precisar qué pasará con esta deuda.
También se anticipó que sigue firme el proceso de titularización de docentes y no docentes. "Las titularizaciones no corren en absoluto ningún riesgo. Es más, se está trabajando rápidamente en el proceso administrativo para el cambio de situación de revista", reveló la misma fuente oficial.
Por su parte, la secretaria gremial de Amsafé Rosario, Verónica Benas, recordó que la deuda con el sector de los maestros en materia de incentivo es de un año completo. Lo cual representa aproximadamente para un maestro que cobra el sueldo más bajo, unos 720 pesos. Benas advirtió que no aún no se sabe cómo ni cuándo será el pago del aguinaldo, aunque cree que esta vez lo recibirán en bonos.
Una ley que no generó igualdad
El primer paso que comenzó a poner en dudas qué función cumplía el Ministerio de Educación de la Nación fue el inicio de la transferencia de escuelas nacionales a las provincias en 1978. De ahí en más, éstas debieron empezar a hacer frente al sostenimiento de los centros educativos. Sin embargo, la sanción de ley federal de educación en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, pareció reavivar la razón de ser de este ministerio.
De acuerdo a la misma (ley Nº 24.195), el ministerio nacional tendría a su cargo la coordinación del sistema educativo en su conjunto, la evaluación de la calidad de la educación y la nivelación de las desigualdades regionales, provinciales y sociales en materia educativa.
Basta mirar el mapa generado en el país por la aplicación de esta ley, para darse cuenta en qué medida "se cumplió" con la tarea de regular la implementación de una normativa que pretendía igualar y compensar las diferencias entre las regiones. Así como Neuquén decidió suspender la aplicación de la ley federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca la inició, y de la misma forma en que provincias como Buenos Aires y Santa Fe encabezaron varias veces los mejores promedios de la discutida evaluación de la calidad educativa, otras como Chaco y Formosa nunca pasaron de los últimos puestos.
A los que nunca sorprendieron estos resultados fue a los maestros. Conocedores de la realidad en la que trabajan no se cansaron de advertir, junto a los reclamos propios del sector, sobre las diferencias que originaban las desigualdades sociales y económicas de las provincias "ricas" y "pobres", a la hora de enseñar a sus alumnos.
Tampoco dejaron de recordar que no bastaba firmar acuerdos que de entrada se sabían imposibles de alcanzar, en tanto la educación no fuera tratada como una verdadera política de Estado. Para el caso, cabe recordar las medidas rubricadas por los gobernadores provinciales (entre ellos Carlos Reutemann) en el famoso Pacto Federal, cuyos objetivos fijados en 1993 distaron de cumplirse plenamente. Se había determinado, por ejemplo, la erradicación de los establecimientos educativos precarios en un ciento por 100 para 1998, en tanto que otra meta fue alcanzar para 1999, la escolarización de niños y adolescentes de 6 a 14 años, también en un 100 %.
Los sucesivos ministros de Educación de Fernando de la Rúa no tuvieron un buen comienzo. Primero con Llach cuyo pensamiento neoliberal fue difundido en su controvertido libro "Educación para todos", y seguido por otros anuncios de medidas, que no dejaron de alarmar al sector docente como las de tomarles examen para medir "cuánto sabían" y de ahí en más fijar políticas salariales.
La virtualidad de los programas educativos y el retraso en el pago del incentivo docente terminaron de cocinar lo que muchos gobernadores cuestionaban públicamente: "¿Para qué sirve un Ministerio sin escuelas?". Sin contar todavía con mayores precisiones sobre cómo funcionará el organismo que tome a su cargo el lugar del ex ministerio, para muchos sectores involucrados con lo educativo, el interrogante mayor es cuál será la política de Estado en materia educativa y si la misma podrá compensar las diferencias abismales que existen entre las provincias, además de garantizar la igualdad de acceso al sistema educativo en todos sus niveles.
La Ciudad
