Opinión: Para seguir caceroleando

Gabriel González

La admisión del default por parte del nuevo gobierno marca el ingreso del país en una nueva etapa que encierra múltiples acechanzas pero abre el camino a unas contadas posibilidades.
Asumir la cesación de pagos puede significar el boleto de entrada en una lista negra de la economía y los negocios globales por largo período, con todas las consecuencias negativas en materia de aislamiento que puede reportar sobre inversiones y el circuito productivo, a menos que los acreedores reciban garantías fiables de que el país va a efectuar las correcciones que sirvan para recuperar la confianza.
Al margen de los costos que habrá que afrontar, la decisión de postergar el pago de la deuda puede brindar como contracara una cuota de oxígeno que pueda servir para sacar al país a flote después de cuatro años de recesión.
En medio de una agobiante iliquidez, la emisión de una tercera moneda no convertible puede contribuir a aceitar la circulación de dinero. Es una fórmula de "convertibilidad sucia" que más temprano que tarde debería conducir a una devaluación formal, pero en el medio brinda un colchón que permite digerir más naturalmente los costos del cambio.
Sin embargo, la tercera moneda constituye un peligro, porque significa darle al poder político una maquinita para emitir sin reparar en gastos. Si el gobierno se descontrola, los beneficios de la cuasimoneda desaparecerán y los nuevos billetes que reemplazarán a los pesos en el pago de salarios valdrán cada vez menos.
La única garantía para evitarlo es una fuerte política de austeridad en el manejo de las cuentas públicas. El flamante presidente Adolfo Rodríguez Saá dio una buena señal ayer, con la rebaja de sueldos de los funcionarios, eliminación de autos oficiales y de estructuras ministeriales improductivas, aunque el bonaerense Carlos Ruckauf, que administra una provincia al borde de la quiebra, ya advirtió que no seguirá el mismo camino.
El gesto presidencial es auspicioso, pero para controlar en serio el gasto público será será necesario ir mucho más allá.
La gran batalla se tendrá que dar en todas las estructuras oficiales que anidan el clientelismo político, desde el Pami y la Ansés hasta las universidades públicas. La provincialización del Pami, por ejemplo, abriría la posibilidad de controlar más de cerca cómo se gastan los recursos públicos y darle combate cuerpo a cuerpo a la corrupción.
A la gente que se movilizó para echar a Cavallo y De la Rúa -trabajadores estatales incluidos- se le abre un nuevo frente de combate. Si dan pelea contra los corruptos y los ñoquis mejorarán las posibilidades de que los papeles que cobren a fin de mes no se conviertan en papel picado. Hay un camino para seguir caceroleando.