El presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció ayer la suspensión del pago de la deuda, la creación de una tercera moneda para inyectar liquidez en la economía y la puesta en marcha de un plan para crear un millón de puestos de trabajo. La primera etapa, destinada a apagar el incendio social, se iniciará hoy mismo con la firma de los convenios con los gobernadores para tener, al fin de semana, 100 mil empleos nuevos financiados con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). En esta tanda, la provincia de Santa Fe ya tiene asignado un cupo de 5 mil planes, que se ampliará a otros 5 mil en los próximos días.
El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, señaló que la Nación enviará 20 millones de Lecop a las provincias para financiar los puestos de trabajo a razón de 200 bonos por persona. Los Estados del interior serán los encargados de reasignarlos entre municipios y provincias. "La garantía de que no serán utilizados políticamente es que tendrán que ser destinados a una actividad específica, a elegir por las provincias, y deberán ser controlados por Organizaciones No Gubernamentales", señaló el titular de la cartera política.
El plan social es también el primer paso hacia la bonización de la economía ya que las Lecop, o el título nacional que lo reemplace, será la moneda con la cual se financiará el millón de empleos a crear, un monto global de 200 millones por mes.
"Los bonos son inconvertibles y seguramente flotarán frente al dólar pero la garantía de que no se depreciarán es la férrea disciplina fiscal a la que se someterá el nuevo gobierno", dijo Gabrielli.
En tren de dar señales de austeridad y avanzar en el achicamiento del gasto político, el presidente Rodríguez Saá firmó ayer los decretos que congelan las vacantes y prohiben la designación de personal permanente o contratado en la administración pública, y la imposición de un tope salarial de 3 mil pesos (el sueldo del presidente) para todos los funcionarios públicos.
El tope incluye a todos los empleados públicos, incluso a los directores de organismos descentralizados o del Banco Central que cobran sueldos muy superiores a los del primer mandatario. Durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Rodríguez Saá anunció también la reducción de ministerios y la venta del parque automotor y aeronáutico.
El gobierno no decidió todavía si levantará la inmovilización financiera, aunque el ministro de Trabajo, Oraldo Britos, adelantó que hacia la primera semana de enero se podría cumplir con la decisión legislativa de levantar el tope de extracciones en las cuentas de trabajadores y jubilados. Respecto del pago de jubilaciones y salarios a los empleados públicos, la intención es cumplir "lo antes posible " con esos compromisos. Gabrielli admitió que parte de esas erogaciones serán en Lecop.
El ministro del Interior aseguró que estas son las primeras medidas del plan económico que pondrá en marcha el nuevo gobierno, "que no será un programa de 60 días sino el inicio de una nueva etapa que continuará quien resulte electo en las elecciones de marzo próximo".
"Este plan tiene tiene todo el peronismo y los gobernadores atrás, no son dos meses aislados", señaló.
Moratoria ya
Default, bonos y austeridad política son las bases del programa presentado por Rodríguez Saá a la Asamblea Legislativa que lo designó presidente. El presidente anunció ayer la suspensión de los pagos externos, aunque no el repudio de la deuda, y adelantó que todo el dinero previsto en el presupuesto para para pagar compromisos financieros (Argentina debe enfrentar pagos por 10 mil millones en el primer semestre) se destinará a crear empleo. Además, dejó abierta la posibilidad de que el Parlamento retome el control sobre la política de endeudamiento.
Rodríguez Saá discutió anoche las primeras medidas con el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, mandamás del área económica tras la supresión del Ministerio de Economía. Previamente, recibió al embajador de Estados Unidos, James Walsh, quien le alcanzó una carta del presidente George Bush, en la cual no se hace alusión al tema de la deuda.
De hecho, tanto los funcionarios del Departamento del Tesoro norteamericano como del Fondo Monetario Internacional evitaron comentar ayer la declaración de default de la Argentina. En los círculos financieros internacionales y nacionales hubo coincidencia en señalar que se trata de un sinceramiento de una situación preexistente de cesación de pagos.
El pago de servicios y amortizaciones de la deuda suma cada año unos 19.000 millones de dólares anuales sobre una deuda total de 132.000 millones. En los próximos días, Argentina debía cancelar vencimientos por más de 500 millones, mayormente por títulos domésticos en manos de bancos locales. Para el primer semestre del año 2002 se contemplaba el pago de 10 mil pesos por amortizaciones e intereses de deuda.
De hecho, Domingo Cavallo había logrado patear vencimientos hasta el 2003 y bajar las tasa de interés para poco más de 50 mil millones de bonos nacionales y provinciales que estaban en manos de los acreedores locales. También puso en marcha un plan para reestructurar el grueso de los pasivos contraídos con acreedores externos. Si bien no hubo definiciones sobre la continuidad de estas estrategias, Rodríguez Saá y la mayoría de los dirigentes consultados se preocuparon en señalar que se retomará el diálogo con los acreedores.
"No quiere decir que no vamos a pagarla, significa que vamos a sentarnos con los acreedores y decir que la Argentina siempre ha cumplido, pero en las condiciones posibles", dijo el salteño Juan Carlos Romero, uno de los referentes del Frente Federal que integra el nuevo presidente.
"Este lunes había que pagar 17 millones de dólares al Fondo (Monetario Internacional) y no están, el 12 de enero hay que pagar 200 millones y no están, y teníamos que pagar en el primer trimestre más de 3.000 millones y tampoco están", explicó.
Una fuente del gobierno del presidente George W. Bush recordó que Estados Unidos había alentado durante meses a Argentina "lidiar de forma directa y estructurada con su deuda externa".
La otra gran definición en materia macroeconómica que dio el nuevo presidente fue el mantenimiento de la convertibilidad. Más en la forma que en el contenido, ya que anunció la generalización de la tercera moneda destinada a inyectar liquidez a la economía. Para ello, se reemplazarán los 3.800 millones que existen en las distintas provincias por un título nacional inconvertible, cuya emisión sería de 4.500 millones o más. Los planes sociales y el pago de las deudas salariales serán, en esta primera etapa, las vías para la inyección de la nueva liquidez.
Actualmente hay 12 cuasimonedas en las distintas provincias, incluidas las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), que el anterior gobierno nacional emitió por un monto de 1.300 millones de pesos (es el tope que figura en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional).
Ramón Puerta dedicó gran parte de sus breves horas de mandato a agilizar la impresión de bonos para enviar a las provincias más comprometidas socialmente.
De esta forma, el gobierno evitará la devaluación abierta en este momento. La convertibilidad se mantendrá, en el sentido de que no se emitirán más pesos que los que puedan ser respaldados por los dólares de las reservas pero, al ser estas tan magras, implicará una brusca desaparición de los pesos a expensas de los bonos, que no son convertibles ni serán canjeados uno a uno.
Salarios e incentivos
Rodríguez Saá aseguró en su discurso que no habrá recortes adicionales en los salarios de los empleados públicos , aunque aclaró que esa protección no alcanzará a los "que se aprovechan del Estado".
El ministro de Trabajo, Oraldo Britos, señaló que el gobierno prevé entregar en las próximas horas 100 mil planes Trabajar, intentando subir la remuneración. También anticipó que se está estudiando elevar el salario mínimo de 200 a 400 pesos.
La flamante secretaria de Obras Públicas, Graciela Corbalán, anticipó que se generará un proyecto alternativo al Plan Federal de Infraestructura, que anunció el gobierno de De la Rúa pero que nunca llegó a implementarse. La prioridad será el programa de obras por las inundaciones.
Otras de las medidas que estaban en estudio eran la provincialización del Pami y la restitución del incentivo docente, aunque anoche no había definiciones.
La Ciudad
