Desde el poder, la devaluación no parece tan fácil. Así parecen deducirlo, al menos, los dirigentes peronistas que sustentan al nuevo gobierno provisional, quienes cerraron filas en torno de la ratificación de la convertibilidad. Sin embargo, y declaraciones al margen, todos admiten por lo bajo que el régimen monetario creado por Domingo Cavallo es insostenible, al menos en su versión original. En ese sentido, una suerte de convertibilidad sucia apoyada por la emisión de bonos que impriman algo de liquidez a la economía interna y contribuyan a apagar el incendio social suena como la opción más viable.
De hecho, la alternativa de oficializar y nacionalizar la tercera moneda ya había aparecido en las primeras reuniones de los ministros de Economía provinciales en los últimos días del gobierno de De la Rúa.
Por los despachos de gobernadores y legisladores circula un plan elaborado por el economista Diego Estévez, vinculado a los mercados financieros y hombre de consulta de mandatarios como José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann, que propone la emisión de bonos inconvertibles que reemplazarán a las Lecop y las distintas cuasimonedas provinciales. La premisa es que el peso de una eventual devaluación caiga sobre el sector público, sin afectar al sistema financiero y al sector privado.
"Con estos nuevos bonos inconvertibles se pagarían parte de los sueldos, jubilaciones y a proveedores del Estado", propuso el economista, para quien las actuales Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) deberían convertirse en Letras de Cancelación de Obligaciones Nacionales (Lecon), cuya emisión debería cuadruplicar a los actuales 1.300 millones de Lecop.
El borrador que se analiza no es necesariamente el que va a aplicar el nuevo gobierno. Sí es una realidad que la "bonización" ya está instalada en la economía, en forma desordenada y como consecuencia de la crisis. En la actualidad, hay 12 cuasimonedas circulando por distintas provincias, por 3.800 millones de pesos, lo que significa el 35% de la base monetaria. Santa Fe, que venía invicta en la materia, ya recibió esos papeles a principios de diciembre, cuando cobró parte de la deuda coparticipable de la Nación.
Estos papeles actualmente convertibles (con respaldo) son recibidos a su valor nominal para el pago de la mayoría de impuestos provinciales y nacionales, con excepción de la seguridad social y el gravamen a las transacciones financieras, y algunos servicios.
La aparición de la tercera moneda implica en los hechos una devaluación, aún manteniendo las formas de la convertibilidad. Quien tiene esos bonos necesitará, por ejemplo, 1,30 o 1,50 unidades para comprar un dólar, si encuentra a alguien que quiera cambiárselo. Por otro lado, es el único ingreso para buena parte de la población del país, sobre todo luego de las restricciones financieras.
Para Estévez, la bonización es "la única salida que tiene el nuevo gobierno para evitar endosarle la quiebra del sector público al privado y cambios patrimoniales o redistribuciones perversas de ingresos".
Una de las alternativas que hoy manejan los economistas del Partido Justicialista es aumentar la emisión de bonos a 4.500 millones de pesos. Como supuestamente son rescatables, se busca nacionalizar la emisión para que las provincias no carguen con ese déficit cuasifiscal. Una de las posibilidades es que, a diferencia de las Lecop, el nuevo título devengue algún tipo de interés.
Paso por paso
El próximo paso sería intercambiar estos títulos por los que actualmente están circulando en las provincias. La urgencia para la coalición de gobernadores que hoy conduce el país es atender el pago de sueldos, incrementados con los pagos estacionales del aguinaldo, en el marco de una previsible continuidad en la caída de la recaudación.
Según Estévez, la ley por la cual se emiten los nuevos títulos "debería establecer taxativamente que ese monto será fijo y que los bonos serán de curso legal no forzoso, aplicable a financiar los gastos del sector público".
Esto implicaría desconocer la carta de intención que firmó Cavallo con el FMI, que contempla sólo la emisión de 1.300 millones de Lecop.
La norma también debería contemplar que un plazo no muy largo para que las provincias que hayan emitido bonos convertibles envíen al Tesoro Nacional y el Banco Central la documentación respaldatoria a los efectos de su consolidación para la emisión de los nuevos títulos.
Con esto nuevos bonos inconvertibles se pagarían parte de los sueldos, jubilaciones y a proveedores del Estado. "Este bono permitiría mejorar la estructura de liquidez de las cadenas de pagos, instrumentar una deuda flotante del sector público consolidada y satisfacer la demanda de efectivo que hay en este momento", señaló Estévez.
En cambio, no podrían depositarse en los bancos, que tampoco podrían emitir créditos en esos títulos. Una alternativa es dosificar el uso de estas letras en los pagos del Estado, incluyendo por ejemplo una menor proporción cuando se trata de pagar a los jubilados y una mayor proporción para los proveedores.
Para Estévez, un esquema de esta naturaleza garantiza que "la tasa de inflación en pesos no sufrirá alteraciones y se mantendría el salario real".
A modo de ejemplo, señaló que un exportador "podría contratar mano de obra pagadera una parte en pesos y otra en bonos. Como esos títulos tenderán a devaluarse frente el dólar o el peso, "el costo de la mano de obra al exportador le baja".
"De igual manera a las empresas de servicios privatizadas podrían aceptar una parte en bonos como aporte patriótico a la crisis y esto permitiría bajar los costos en términos de dólares".
En definitiva, "al cabo de un corto período tendríamos una parte de las finanzas y gastos del Estado devaluados sin haber hecho una devaluación masiva a toda la economía con los costos que ello hubiera acarreado y sin necesidad de violar los contratos del sector privado", señaló.
Los gobernadores son conscientes de que este esquema de devaluación ordenada depende de un programa fiscal sustentable, que implique una reforma política y reducción del gasto público. Mantener la solvencia fiscal sería, además, una forma de garantizar el rescate de los bonos y ayudar a mantener su valor.
"La idea no es que sea un instrumento de paso en la mano de la gente, sino que por un tiempo oficie de tercera moneda de curso legal", argumentó, y señaló que el Estado debería cuidar que la recaudación se pueda pagar sólo en parte con un título.
El economista sostuvo que su idea coincide con las declaraciones que formuló Adolfo Rodríguez Saá, quien descartó la devaluación del peso y ratificó la continuidad de la convertibilidad.
En principio, el modelo de tercera moneda convivirá con el actual esquema de restricciones bancarias y control de cambios. Estévez recordó que "en la crisis de 1885, con Julio Argentino Roca como presidente, se llegó a una situación muy parecida, ya que hubo cesación de pagos, insolvencia fiscal e iliquidez. El 6 de enero de 1886, el Congreso aprobó la emisión de una moneda inconvertible que permitió, mientras se hacía en forma paralela el saneamiento de las cuentas fiscales, dotar de liquidez a la plaza y salir de la crisis".
La Ciudad
