El fiscal federal Eduardo Freiler aseguró ayer que el ex presidente Fernando de la Rúa y sus ex colaboradores en materia de seguridad "no solo deberían estar presos sino que tendrían que ser condenados a la pena máxima legal" que, según distintas doctrinas, podría ser de 25 o 33 años de cárcel.
"De ninguna manera pueden irse del poder huyendo a oscuras habiendo sido responsables de lesiones gravísimas y de muertes y que esto no tenga ningún tipo de costo", aseguró.
Freiler y su par Federico Delgado denunciaron anteayer a De la Rúa; al ex ministro del Interior, Ramón Mestre; al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al todavía jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, por "homicidios reiterados, privación ilegal de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", a raíz de los violentos incidentes ocurridos en Plaza de Mayo.
Como primera medida, el juez Norberto Oyarbide, quien recibió la denuncia, prohibió la salida de estos imputados del país, al igual que lo dispuso su colega, María Servini de Cubría, quien tiene en sus manos otra causa similar.
Todo el peso de la ley
"Antes de renunciar, De la Rúa dijo que era la ley la que había actuado" en la represión que se vivió durante la jornada del último jueves en la Plaza de Mayo, "pero entendemos que de ninguna manera la ley da la oportunidad ni la facilidad para matar ni lesionar gravemente a la ciudadanía", sostuvo el fiscal.
En ese marco, Freiler aseguró que De la Rúa, Mestre, Mathov y Santos "no solo tienen que ir presos sino también ser condenados porque debe acabarse la idea que desde el poder se puede matar".
Y aclaró que, al momento de ser condenadas, deberían penarlos con el máximo rigor de la ley.
"El delito de homicidio prevé una pena máxima de 25 años, aunque hay una doctrina que se está aplicando últimamente que habla de 33 años. Nosotros queremos que sea el máximo legal que corresponde, cualquiera que sea", afirmó.
Freiler y Delgado también habían denunciado la presunta inconstitucionalidad del decreto que firmó el ex presidente Fernando de la Rúa al imponer el estado de sitio porque la suspensión de las garantías constitucionales solo puede disponerse a través del Poder Ejecutivo cuando el Congreso esté en receso.
"Todos sabemos, salvo De la Rúa, que el Congreso no estaba en receso y por eso para nosotros es una flagrante violación al estado de derecho y a los organismos internacionales", añadió.
El fiscal opinó que "muchas personalidades han querido usar instrumentos de la democracia para defender cuestiones corporativas que nada tienen que ver con las instituciones corporativas ni con el orden constitucional que se pretende defender".
"Si hay que construir un nuevo Estado, debe hacerse desde el estado de derecho", opinó el fiscal.
La Ciudad
