El Congreso aportó lo suyo a la caída del ministro de Economía, Domingo Cavallo, al avanzar en el tratamiento de tres temas claves: la autoprórroga de las sesiones ordinarias, la derogación de los superpoderes y la liberación de las cuentas bancarias para trabajadores y jubilados. Aunque ninguna de las iniciativas llegó a convertirse en ley durante el día de ayer, fue una clara muestra de la intención de los legisladores justicialistas de cerrar el cerco sobre el jefe del Palacio de Hacienda. La movida incluyó la amenaza que lanzó el senador Jorge Yoma de convocar a una asamblea legislativa para imponer un cambio en la política económica.
En el marco del caos social, los diputados se convocaron en sesión especial para decidir la eliminación de los superpoderes y del tope para los retiros en efectivo que pueden hacer jubilados y trabajadores de las cuentas sueldos. Los proyectos fueron aprobados por 180 votos contra 11, y 42 abstenciones.
De inmediato, las iniciativas pasaron al Senado, que no las trató porque decidió pasar a cuarto intermedio hasta hoy, producto de la convocatoria a la concertación que realizó el presidente De la Rúa.
La Cámara alta sí aprobó el proyecto que prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, que será discutida la semana que viene en Diputados. La disputa con el Ejecutivo sobre el carácter de las sesiones legislativas fue precisamente el meollo de la disputada jornada parlamentaria de ayer.
El período de sesiones ordinarias, cuando el Parlamento impone su propio temario, culminó el 30 de noviembre. Legalmente, es el turno del gobierno para convocar a sesiones extraordinarias, instancia que le permite imponer los temas a discutir.
En medio de esa pelea, tanto el Senado como Diputados convocaron ayer a "sesiones especiales" para desatar la ofensiva. Con la adhesión del ARI y algunos diputados oficialistas, el justicialismo logró dar media sanción a los proyectos para derogar los superpoderes y el tope de extracciones sobre las cuentas sueldos.
Menos éxito tuvo en lograr, en la comisión de Asuntos Constitucionales, la autoprórroga de las sesiones ordinarias. De todos modos, una proyecto de esa naturaleza sí fue votado y girado a la Cámara baja por lo senadores, antes de decidir el paso a cuarto intermedio.
En este juego cruzado, los senadores dejaron para hoy la sanción definitiva de los capítulos correspondientes a superpoderes y restricciones financieras. En síntesis, hasta anoche la situación estaba cristalizada en tres medias sanciones, dos en Diputados y una en el Senado, que apuntan a limitar el ya socavado poder político del gobierno.
Negociaciones a full
La estrategia de los parlamentarios peronistas se definió a media tarde durante una reunión que mantuvieron el titular la bancada justicialista de diputados, Humberto Roggero, y su colega del Senado, José Luis Gioja. A su vez, los líderes de la oposición mantuvieron constantemente reuniones con legisladores radicales y con el ex presidente Raúl Alfonsín.
El oficialismo intentó de todas maneras evitar la autoprórroga de sesiones ordinarias y convencer al justicialismo de iniciar un diálogo con el gobierno para consensuar un temario a ser discutido en extraordinarias. Pero no hubo acuerdo.
En Diputados, los radicales estuvieron ausentes cuando se derogaron las facultades delegadas y en su mayoría se abstuvieron cuando se eliminaron las restricciones bancarias.
En el Senado, la votación también fue dividida. El bloque de senadores justicialistas impuso su mayoría para prorrogar las sesiones ordinarias, frente a la resistencia del oficialismo y el bloque interprovincial, que plantearon que con esa decisión el Poder Legislativo se pone al borde de la inconstitucionalidad.
En las argumentaciones, Jorge Yoma fue el más duro desde el punto de vista político al considerar que "el gobierno está abusando de las facultades delegadas".
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, fue la encargada de brindar la argumentación jurídica de la postura justicialista.
El representante de Fuerza Republicana Pablo Walter presentó un dictamen en minoría en el cual se desestima la posición de la mayoría por considerar que "es conveniente ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, a partir de una agenda consensuada con el gobierno".
Esa posición fue apoyada por el radicalismo, que no llegó a elaborar un proyecto propio.
En una muy extensa fundamentación jurídica, la integrante del Frente Cívico de Catamarca Marita Colombo sostuvo que el justicialismo "no guarda la observancia de pautas mínimas que toda mayoría debe respetar" sobre todo cuando "es la Constitución Nacional la que lo define".
Insistió también en el concepto de que "no se puede prorrogar lo que ya se ha terminado", en referencia a que las sesiones ordinarias ya cesaron el 30 de noviembre.
El radical Raúl Baglini enfocó el problema desde el punto de vista de las consecuencias, al decir que "ya hay cientos de advertencias sobre las deficiencias jurídicas de las normas que se emitan en función de esta prórroga".
Sobre el final del debate, el jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja, hizo un encendido discurso en el que reivindicó "la voluntad del justicialismo de dialogar y concertar".
"No queremos tener limitaciones ni pedirle a otros los temas que queremos tratar porque lo que estamos haciendo es constitucional", dijo.
La Ciudad
