Para muchos, la única solución es la renuncia del presidente

Héctor Méndez

Otra vez los argentinos se fueron a dormir con las imágenes de los más pobres saqueando supermercados en busca de alimentos la mayoría y hasta de alcohol los menos. Todo lo visto en Rosario en mayo del 89 fue poco. Aquellos días aquí, que derivaron en la declaración del estado de sitio por parte del gobierno de Raúl Alfonsín, resultaron fundamentales para adelantar la entrega del poder del mandatario radical al electo peronista Carlos Menem.
Ese hecho llevó a que no pocos estimaran que los desbordes rosarinos de 1989 habían sido tramados por carapintadas y ultramenemistas para voltear a Alfonsín.
Ayer, en el conurbano bonaerense, se llegó al colmo de ver a mujeres y niños peleando por una gaseosa que un empresario "bondadoso" les tiró a la calle. Otros grupos casi se matan tratando de agarrar bolsas de plástico que, supuestamente con alimentos, les lanzaban desde el camión de un supermercado muy conocido.
"Estamos peleando los que no tienen trabajo contra los que no tenemos ventas", dijo el dueño de una granja. Una brutal síntesis, mientras funcionarios nacionales y dirigentes empresarios y sindicales, bajo el paraguas de la Iglesia, analizaban en Cáritas la dramática situación.
Cuando el presidente Fernando de la Rúa salió de esa reunión hubo insultos y un piedrazo abolló el techo del automóvil que lo trasladaba.
En las capitales de Buenos Aires y Córdoba, edificios gubernamentales fueron atacados por multitudes enardecidas al grito "que se vayan los delincuentes". También se conocían las durísimas quejas de empresarios, comerciantes y productores agrarios. En las grandes ciudades y en la más pequeña de las localidades los mensajes eran idénticos: "Basta, hay que cambiar".
Para no pocos argentinos, la tensión llegó al máximo de lo soportable y no se vislumbra una reacción eficaz de las autoridades frente a los reclamos reales de la gente desbandada.
Ante semejante panorama sólo cabe esperar grandes y urgentes decisiones. Casi desde todos los sectores se exige otra política económica y de última, la democracia tiene los remedios para afrontar cambios mucho más profundos. Cuesta decirlo pero hay que hacerlo. Este gobierno nacional parece agotado, muy lastimado. Muchos entienden que la inacción de De la Rúa no puede continuar porque el país arde y nadie sabe en qué terminan estos desbordes. El presidente tendría que renunciar para que la Asamblea Legislativa designe a su sucesor hasta el 2003. Puede ser un gobernador, un legislador, un intendente. Alguien electo por el voto popular que de inmediato llame a un gran encuentro nacional sin exclusiones ni partidismos, porque la gente no acepta más enjuagues de los políticos.
Entre todos los sectores se deberá elaborar un plan de emergencia que ponga orden y encuentre el camino hacia la búsqueda de medidas económicas que tiendan a la reactivación y a la creación de fuentes de trabajo.