Los abucheos que Fernando de la Rúa cosechó al salir de Cáritas son la mínima consecuencia del más contundente trompis en el mentón que la sociedad le propinó ayer a esa clase política tan acostumbrada a mirar hacia el costado, ignorando lisa y llanamente la realidad.
Es más: hasta último momento el gobierno siguió apelando a la lógica del surtidor frente a la hoguera. "Los saqueos no son por hambre, se llevan bebidas alcohólicas, se trata de una cuestión política", disparó, a la bartola, Ramón Mestre.
Pero, así como fueron evidentes algunos actos ligados a la rapiña organizada y a un sospechoso activismo, el detonante del caos no es otro que esa vieja herida que nunca se dejó de salar. Entonces, las palabras del ministro del Interior rozaron el patetismo.
El estallido social de ayer es el límite que obliga a torcer el rumbo de una política económica devaluada y, en rigor, desde hace tiempo dirigida hacia la nada. Un plan que terminó arrastrando a los argentinos más castigados por el modelo a un cruento e injusto enfrentamiento. La lucha entre los pobres y los que menos tienen es el reflejo de la degradación y la humillación.
El costo
Este es el costo más alto a pagar por los eternos cabildeos y desaciertos (destrucción de la red de contención de los sectores más bajos e incesantes castigos para la clase media) de una administración que parece ya no tener un tris de poder para ostentar.
Además, es el punto de inflexión que fuerza un nuevo modo de hacer política, reclamado a gritos por la sociedad y por una democracia que ansía madurar y ver, por ejemplo, cómo sus fieles exponentes transforman en hechos las reiteradas promesas de austeridad, esas que en tiempos preelectorales suelen retumbar en los mismos barrios que ningún funcionario o legislador se hubiese atrevido a recorrer veinticuatro horas atrás.
Es también una demanda que no debe excluir al resto de los actores sociales, quienes inexorablemente tendrán que replantear sus roles y enterrar, de una vez por todas, esa costumbre tan argentina de decir "no".
Paradójicamente, mientras el gobierno afrontaba lo peor de lo peor, De la Rúa analizaba en Cáritas un relevamiento realizado en todo el país por Gallup, con resultados sumamente críticos.
Organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el dossier precisó, en el capítulo "Crisis: instituciones y desconfianza", que el 93 por ciento de los argentinos descree de los partidos políticos.
El inapelable mensaje que surgió de las urnas el 14 de octubre alcanza tanto a oficialistas como opositores: llegó la hora de ponerse los pantalones largos. Aunque, ¿cuántos serán capaces? Es tiempo de respuestas, y ya comenzó la cuenta regresiva.
La Ciudad
