Domingo Cavallo admitió ayer que está dispuesto a dar marcha atrás con el que fue uno de sus caballitos de batalla al asumir como ministro de Economía en marzo último: los planes de competitividad. "Las medidas que vamos a decidir mañana (por hoy) apuntan a suspender o eliminar algunas de las exenciones, que por otra parte el sector privado parece no haber valorado mucho", exclamó ayer el titular de Hacienda. Aunque no específico qué tipo de estímulos fiscales resignará en aras de la recaudación, dejó abierta la posibilidad de que avance sobre el factor de convergencia, hijo dilecto de la ley de convertibilidad ampliada que incorpora al euro a la canasta de monedas que respalda el peso (una vez que la moneda europea cotice uno a uno con el dólar). El factor de empalme torna operativa esa norma al crear un dólar exportador calculado en base a la diferencia entre la cotización del dólar en el mercado interbancario de Londres y el promedio de la paridad entre esa moneda y el euro. La medida, instrumentada a mediados de año, fue bien recibida por el sector exportador. El costado flaco es que, al financiarse con la aplicación de ese índice a las importaciones, y ante la caída de las compras al exterior por causa de la recesión, el costo fiscal de ese estímulo creció hasta ubicarse en unos 30 millones de pesos mensuales. Cavallo dijo ayer que el conjunto de exenciones impositivas contempladas en los programas de competitividad (que incluyen pagos a la seguridad social a cuenta del IVA, reintegros y eliminación de los impuestos a la renta presunta y a los intereses, en algunos casos complementadas con descuentos de impuestos provinciales) alcanza un costo fiscal de 8 mil millones de pesos. Su idea, y la del FMI, es reducirlo a la mitad. Los programas de competitividad, básicamente dispusieron para la mayoría de los sectores productivos una rebaja de la alícuota del IVA del 21 al 10,5% y la eliminación gradual de los impuestos a la renta presunta y los intereses. Cavallo dijo que desde hoy estará trabajando con su equipo para definir, entre otras cosas, cómo y por dónde pasa este nuevo recorte. Durante la primera semana de mayo, Cavallo fue habilitando a distintos sectores de la industria nacional para que sean alcanzados por los beneficios de los planes de competitividad. Arrancó con los bienes de capital y siguió aceleradamente con un megaacuerdo con los gobiernos de las provincias de Córdoba y Santa Fe para reducir la presión impositiva y mejorar la competitividad de la industria cárnica exportadora, una de las actividades económicas más castigadas por el rebrote de la aftosa en el país. Convenios similares, que incluyeron subsidios particulares en algunos casos, se firmaron con las industrias del calzado, la indumentaria, el sector del agro, los transportistas de carga, la industria vitivinícola, los arroceros, algodoneros, y un universo de actividades productivas entre las que se incluyó a los fabricantes de jugos naturales, de tintas de imprenta, de envases plásticos, de pilas, maquinarias para oficina, aparatos de video y sonido, artículos deportivos, jotas, empaque de frutas, legumbres y hortalizas, entre muchos otros. Si bien es cierto que muchos de los sectores encontraron luego en sus provincias la falta de acompañamiento para las medidas anunciadas y la crisis se siguió profundizando, en general, los beneficiados con los planes de competitividad se mostraron satisfechos con la medida, a pesar de que Cavallo consideró ayer que el sector privado había sido más bien desagradecido. Es verdad también que, en los casos que implicaban desembolsos directos de dinero (como el de los trabajadores frigoríficos) en la práctica habían desaparecido. La denominada convertibilidad ampliada puso en marcha un nuevo mecanismo para la fijación del denominado efecto de empalme, un subsidio a las exportaciones que se financia con las importaciones. Desde el 29 de junio pasado, a través de la resolución 258, Argentina deduce el monto resultante del factor de convergencia o empalme a las importaciones extra zona de distintos productos.
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