El ex presidente Carlos Menem promovió ayer como titular del justicialismo un "gran acuerdo patriótico" que deberá incluir el compromiso por parte del gobierno nacional y del Parlamento de poner en marcha medidas que garanticen la estabilidad monetaria. Para Menem también se debe aprobar el presupuesto de 2002 con la condición de que permita "el menor déficit posible" y una "revisión de todas las estructuras del Estado". Menem se puso al frente de la decisión de ejecutar dicho acuerdo al afirmar que "en estas circunstancias dramáticas" cuya responsabilidad adjudicó a la Alianza gobernante, "el Congreso Nacional Justicialista asume como propio el desafío de promover un gran acuerdo político que garantice la gobernabilidad" en la Argentina. En un documento de tres carillas, titulado "Primero la Patria", el ex jefe de Estado afirmó que ese acuerdo patriótico debe requerir el "urgente compromiso" de impulsar "todas las negociaciones y acuerdos internacionales tendientes a lograr la asistencia indispensable de los organismos multilaterales de créditos". Para el ex presidente, la ley de presupuesto 2002 debe ser aprobada siempre que "posibilite efectivamente el menor déficit posible a través de una profunda revisión de la totalidad de las actuales estructuras del Estado". El jefe del PJ advirtió que "frente a una crisis formidable no es hora de buscar culpables sino de encontrar soluciones" y, tras destacar las transformaciones que encabezó en el país en la última década, reconoció que a esa transformación le faltó ser completada, para lo que faltó tiempo conveniente". Menem manifestó luego -en el texto- que "ni las cada vez más gastadas invocaciones, la supuesta herencia recibida, ni el motivo de estar en la oposición, ni menos aún las especulaciones electorales de cualquier índole, son motivos atendibles para la pasividad y la inacción". El ex primer mandatario sostuvo entonces que las condiciones de ese "gran acuerdo patriótico" requieren gestar un compromiso "urgente" en torno de diez puntos. Entre ello se encuentran: adoptar desde el gobierno y respaldar desde el Parlamento las medidas convenientes para garantizar la estabilidad monetaria, que en la práctica significa, entre otros, la defensa del salario de los trabajadores, la protección de los ahorros y la preservación de los activos de las empresas.
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