Significativa visita al tribunal del histórico juicio

El juez insistió en que las fronteras no son obstáculos para juzgar a genocidas y criminales de guerra

Baltasar Garzón visitó ayer a los seis jueces de la Cámara en lo Criminal Correccional Federal porteña, el mismo tribunal, aunque con distintos integrantes, que en 1985 enjuició y condenó a los jerarcas de la pasada dictadura militar.
En el segundo piso de la sede de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, los camaristas recibieron al titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, que lleva un juicio contra presuntos ex represores argentinos por genocidio y torturas.
Garzón insistió con que habría que juzgar a los acusados de represión por "genocidio y crímenes de guerra" porque la forma en la que actuaron "afectan además a la comunidad internacional que tiene el derecho a ser resarcida en cualquier caso".
"Los países que han ratificado convenios (internacionales) tienen la obligación de intervenir porque no son obstáculos las fronteras territoriales", sostuvo.
Consultado insistentemente por los periodistas de su opinión acerca de la dictadura militar argentina. "Nunca opino del país que me acoge -dijo galantemente-, y añadió: "Emitir una valoración sobre ese período de la historia Argentina, en mi caso, es más complicado, y no porque no tenga criterio sino por los hechos que manejo en mi ámbito jurisdiccional, que me impiden expresarme".
Garzón es el juez que procesó a más de un centenar de ex represores de la dictadura militar, y solicitó el arresto preventivo con miras a la extradición a España de más medio centenar, sin conseguirlo de parte de Argentina.
Inclusive ha procesado con prisión preventiva en Madrid al ex represor arrepentido y ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo -próximamente sometido a juicio oral-, además de haber pedido la extradición a México del ex represor naval Ricardo Cavallo, alias Serpico.
Su accionar fue cuestionado tanto por el ex presidente Carlos Menem -llegó a bautizarlo juez vedette- así como por políticos del anterior y del actual gobierno, que defendieron la territorialidad de la ley y rechazaron la decisión de un juez extranjero de intervenir en hechos ocurridos en la Argentina. (DyN)