"Los represores nunca dormirán tranquilos porque siempre tendrán tras sus espaldas un tribunal internacional que los juzgue", dijo ayer el juez español Baltasar Garzón, quien persigue a decenas de genocidas de ex dictaduras latinoamericanas, en el marco de la segunda visita que concreta a la Argentina (la primera fue en 1994) invitado por la Comisión Provincial por la Memoria, organismo no gubernamental encargado de investigar los crímenes de la dictadura militar.
"Más que la esperanza tengo la seguridad que así será", dijo Garzón al ser consultado sobre si esperaba que los crímenes de lesa humanidad continuarán siendo juzgados a pesar de las leyes de perdón que favorecieron represores en Argentina y países limítrofes.
Garzón explicó además la relevancia de una corte internacional que juzgue los delitos de lesa humanidad más allá de las fronteras territoriales.
"La gran importancia de la Corte Penal Internacional es que se trata de un organismo judicial permanente, por tanto no va a estar a expensas de eventuales decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", señaló Garzón.
"La Corte Penal Internacional, que también tendrá sede en La Haya, se refiere a responsabilidades personales por delitos cometidos sean de genocidio, sean crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra o de agresión", agregó.
El magistrado, conocido por conseguir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, investiga el secuestro de ciudadanos españoles durante la dictadura que dejó entre 15.000 y 30.000 desaparecidos.
Garzón emitió una orden de captura en agosto contra 18 ex represores argentinos a los que acusa de secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos españoles durante el gobierno de facto.
Pero la Cancillería argentina rechazó los pedidos de extradición amparándose en el principio de territorialidad.
La sombra de EEUU
Por otro lado, el juez español criticó a Estados Unidos -y mencionó también a China y a Rusia- por su negativa a firmar el estatuto de la Corte Internacional Penal al asegurar que piden solidaridad cuando la necesitan, pero no la dan a la inversa.
"Es muy triste que sobre todo Estados Unidos, que es un país que ha demandado la solidaridad de todo occidente y la ha obtenido de gran parte de los países del mundo por los ataques terroristas del día 11 de septiembre, no dé el paso decisivo que sería el que empujaría el inicio de la Corte Penal Internacional ratificando el estatuto", señaló. "Antes bien, hay indicios de que hace exactamente lo contrario", aseguró.
La ofensiva contra Afganistán y el comportamiento de los gobiernos de Occidente ocupó parte importante de su clase magistral que dio en la Universidad Nacional de La Plata, a la que asistieron docentes y alumnos, y una importante cantidad de militantes de Madres de Plaza de Mayo. El magistrado fue presentado por el escritor Ernesto Sábato.
El juez de la Audiencia Nacional española afirmó que aunque en todos los foros realizados desde el ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de septiembre último se decidió que los ataques contra Afganistán han sido en legítimo ejercicio de defensa, ésta es una situación contradictoria porque los argumentos de las dos partes son los mismos.
En ese sentido, se preguntó si existe en esta guerra un acto de legítima defensa en la actuación de las fuerzas armadas occidentales. "Ningún individuo puede atacar a quien considera que va a hacer una agresión ni a quien piensa que lo ha hecho" y lo mismo se aplicará al Estado, agregó.
Garzón explicó que frente al ataque no actuado, el derecho sólo autoriza la respuesta por medio del derecho y advirtió que "ningún delito puede dejar que un gobierno democrático traspase la delgada línea roja de la legalidad y pase a la ilegalidad".
Según el magistrado, "lo importante es el principio de persecución universal" por el cual los países cooperen sin importar dónde se cometan los delitos para aplicar la justicia correspondiente.
"Los horrores de la Segunda Guerra Mundial han vuelto a mostrar su presencia en nuestros días amparados en la impunidad", aseguró. (DPA)
La Ciudad
