Siempre hay margen para más sorpresas. El gobierno apeló ayer la resolución judicial que habilitó a la diputada Alicia Castro a administrar a voluntad su salario y sostuvo que, en realidad, los legisladores nacionales están exceptuados de las restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y pueden cobrar sus remuneraciones, íntegramente y en efectivo, a través de la Contaduría General del Congreso de la Nación.
El privilegio para senadores y diputados surge de la apelación del gobierno a la decisión del juez Martín Silva Garretón. En el escrito, el Ministerio de Economía manifestó que lo resuelto en el caso de Castro es en realidad abstracto.
"Ella (la diputada) percibe su dieta en efectivo, no surgiendo del decreto que a partir de la entrada en vigencia de esa norma lo percibirá a través de un depósito de una cuenta bancaria", sostiene la declaración que, obviamente, es extensiva a todo legislador.
De este modo, el gobierno dejó en claro que senadores cobrarán sus haberes como lo hicieron tradicionalmente: en un sobre cerrado que entrega la Contaduría del Congreso y contiene las abultadas remuneraciones parlamentarias en billetes.
Los reproches
Mediante un escrito de 68 carillas, el Palacio de Hacienda pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que revoque el fallo de Silva Garretón que hizo lugar a una acción de amparo de Castro.
El gobierno reprochó al juez haberse arrogado "atribuciones propias del Poder Ejecutivo Nacional" y reivindicó las facultades de la administración de Fernando de la Rúa de haber limitado a mil pesos o dólares mensuales las extracciones de fondos del sistema financiero, tanto correspondientes a salarios como a colocaciones en bancos por otro concepto.
Rechazó, además, la afirmación de Silva Garretón respecto de la inconstitucionalidad del decreto 1570. Y destacó, en ese sentido, que "en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos", al tiempo que defendió haber utilizado la vía del decreto de necesidad y urgencia para imponer las restricciones sobre el uso de fondos individuales.
"Es un remedio y no una mutación en la sustancia del derecho adquirido", alegó Economía, y explicó que "el Ejecutivo debió dictar el decreto para salvaguardar el sistema financiero".
En otros párrafos de la resolución, cuestionó al magistrado por haber invocado el carácter alimentario del salario porque el gobierno no discriminó entre sueldos y ahorros al disponer las controvertidas medidas.
"De prosperar peticiones como la presente, la caída del sistema financiero en su conjunto se impone. De producirse ello, el perjuicio para la señora diputada será cierto y real, ya que ante esa situación no podrá la Contaduría General del Congreso hacerse de los fondos necesarios para que se abonen las dietas", refiere el recurso presentado a la Justicia por los apoderados de Economía María Pintos Prat y Carlos Folgueiras.
Además, el escrito destacó "la gravedad de un país en el cual ha quebrado el sistema financiero en su conjunto. Los perdedores en esta historia serán todos los habitantes".
Ahora Silva Garretón deberá elevar el asunto a la Cámara junto al informe "Bancarización de la Economía" elaborado por el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, adjunto al recurso que quedó radicado en los tribunales. ¿Qué harán los legisladores? \A la luz del fuerte reclamo de la sociedad en pos de la reducción del gasto político, y de la limitación en las dietas que cobran diputados y senadores, es de esperar que decidan adaptarse a las limitaciones que operan para el ciudadano común.
La Ciudad
