El gobierno provincial sigue analizando la conveniencia o no de incluir su deuda de 200 millones de dólares en el canje instrumentado por el Estado nacional. Hasta ayer, se mantenía la posición de no participar de la operación, atendiendo a que el peso del endeudamiento es muy bajo en relación al de otras provincias y que la refinanciación colectiva de los pasivos la obliga a resignar una serie de potestades en manos de la Nación. Si optara por esta vía (que permitiría un ahorro cercano a los 25 millones de dólares), debería dejar gran parte la política de deuda pública en manos del gobierno central, además de tomar compromisos más estrictos en materia de reducción de gasto primario para los próximos años. De allí que la idea original es renegociar directamente con los bancos acreedores. Si bien esta es la opción que más seduce hasta ahora a las primeras espadas de la Casa Gris, los funcionarios del gobierno provincial advierten que "en el contexto actual pensar en una semana es el largo plazo". Esto quiere decir que la posibilidad de entrar en el canje global no está totalmente descartada y dependerá de las condiciones que puedan acordar con el gobierno nacional y con los bancos. Sobre la extinción de los plazos no hay temor porque "la Nación está manejándose con cierta flexibilidad en este tema".
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