La llegada del consorcio liderado por la autoridad portuaria de Tarragona significó el comienzo de una nueva etapa para el puerto de Rosario. Superado un largo e intrincado proceso de licitación, finalmente el ente multisectorial que administra las instalaciones -el Enapro- cedió por 30 años la concesión de las operaciones. Aunque el acto formal de adjudicación se cumplió el martes pasado, el contrato de concesión se firmará recién en febrero próximo, una vez que se resuelvan dos puntos que los inversores consideran claves para poder lanzarse de lleno a la actividad. Un tema es por todos conocido, la solución del viejo problema laboral con los estibadores portuarios. El segundo punto, más sorpresivo, refleja sin medias tintas la incertidumbre que tienen los inversores extranjeros con relación al futuro del país: antes de desembolsar una voluminosa inversión, los españoles quieren asegurarse un paraguas frente a una devaluación.
Luis Badía i Chancho, titular del puerto tarragonés, lo dijo sin eufemismos: "No queremos llegar a una situación que haga inviable el puerto, y para ello debemos prevenir situaciones de devaluación o algo similar".
La fórmula sería una suerte de cláusula gatillo que permita ajustar el contrato a nuevas condiciones de mercado en caso de que se precipite una modificación del tipo de cambio. "No es para obtener un beneficio propio sino para atender a la realidad, porque los costos del puerto de Rosario están íntimanente ligados a una alteración cambiaria. No nos perdonaríamos que una devaluación del peso nos deje fuera de competencia", se explayó Badía i Chancho.
El directivo aseguró que las negociaciones con las autoridades del Enapro están avanzadas. Sin embargo, fuentes del ente administrador consignaron que "en la legislación argentina un peso es un dólar, y no es mucho lo que se puede hacer al respecto".
La segunda cuestión por resolver son las indemnizaciones del personal que trabajó a órdenes de los anteriores concesionarios, los filipinos de Ictsi. Tal como estaba comprometido, los catalanes quieren ingresar al control del puerto local sin problemas de tipo laboral.
Las prolongadas negociaciones con los estibadores agrupados en el Supa permitieron legar a un punto de acuerdo, el pago de las indemnizaciones con el personal, pero faltan los dos millones de pesos que costará la solución. El Enapro no cuenta con recursos para afrontar ese compromiso y las arcas del sector público no lucen florecientes como para facilitar algún tipo de financiamiento. ¿Quién pondrá la plata? El consorcio liderado por Puerto de Tarragona tendría en sus manos una solución financiera, que podría ser anticipos de canon o bien lisa y llanamente la facilitación de un préstamo.
Los problemas con los portuarios no terminan allí, porque los estibadores del Supa aspiran a ser retomados por los nuevos concesionarios. El consorcio ganador se comprometió a tomar un 80 por ciento de mano de obra local, pero quiere tener las manos libres para seleccionar su plantilla de personal sin presiones, para ajustarse a los perfiles laborales que imponen las nuevas tecnologías. "La gente del Supa es conciente que los concesionarios tienen libertad para elegir la mano de obra que quieran, ya sabe a que atenerse", advirtió María Herminia Grande, presidenta del Enapro.
Mucho más que una puesta en escena
Debido a las cuestiones que faltan resolver, el período comprendido entre la adjudicación y la firma del contrato que la efectivice será inusualmente prolongado: el trámite se completará recién en febrero de 2002. Sin embargo, el acto celebrado el martes pasado sobre las barrancas del río Paraná es mucho más que una puesta en escena.
Las autoridades portuarias de Tarragona dicen que ya hace varios meses que están trabajando en el proyecto Rosario, y el tiempo es un capital que no pueden seguir perdiendo, aunque aún no puedan acceder formalmente al control operativo de las terminales.
La comitiva que acompañó la semana pasada a Badía i Chancho dio prueba de estas urgencias, ya que estuvo acompañado por un delegado personal del primer ministro José María Aznar, directivos del grupo Fruport, el grupo que opera las cargas de fruta en el puerto de Tarragona, y la directora de la Asociación de Promoción Portuaria de Tarragona.
"Los contratos por ahora los seguirá haciendo el Enapro, pero la idea es comenzar a captar cargas ya", destacó Badía i Chancho. El primer caso son las cargas de frutas "que tiene una gran potencialidad y ya se estuvieron haciendo las primeras gestiones".
-¿Es posible consolidar un volumen importante en el corto plazo?
-No va a ser coser y cantar. Estamos con otros puertos que ya están asentados, y eso no se puede resolver de la noche a la mañana.
-Algunos dicen que ya se pasó el cuarto de hora.
-Es lo que hay, no voy a discutir teorías. Me gusta estar en la realidad y la realidad es que estamos trabajando, que las primeras respuestas fueron positivas y esperamos que se concreten en contratos y cargas. Rosario tiene posibilidades, es una infraestructura importante y vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento. Pero el resultado será una suma de nuestros intereses con los del municipio, la provincia y los empresarios de la región.
-Con algunos de ellos hubo fuertes controversias. ¿Quedaron algunas heridas abiertas?
-De mi parte no. Yo siempre dije que si al puerto le va bien les irá bien a todos, incluso a los que se opusieron les irá bien si apuestan a favor.
-La situación actual es muy dura y cuesta pensar hacia el futuro. ¿Se anima a pronosticar cómo será el puerto de aquí a una década?
-Veo funcionado una terminal de contenedores y muy competitiva para la carga de fruta. Veo a la General Motors exportando por Rosario, porque tendrá un servicio más barato y de mejor calidad, y también veo una carga diversificada, con fertilizantes y otros productos que constituyan una oferta completa.
La Ciudad
