El paquete de medidas que impulsa el gobierno para afrontar la crisis financiera prevé mayores aportes previsionales a los jubilados con asignaciones por sobre los mil pesos, para liberar del recorte a unos 34 mil pasivos. Así lo aseguraron ayer fuentes del gobierno provincial, y consignaron que para llevar adelante esos cambios será sancionar una nueva ley, por encima de la prórroga de la emergencia previsional. Mientras tanto, el interventor de la Caja de Jubilaciones, Fernando Bondesío, salió al cruce de las declaraciones gremiales que aseguran la inexistencia del déficit de las cuentas previsionales, al puntualizar que el rojo del organismo -emergencia de por medio- suma 68 millones de pesos anuales.
El proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica y previsional que está siendo tratado por la Legislatura prevé una escala porcentual de los aportes previsionales para los pasivos que tienen una asignación mensual por encima de 500 pesos, lo que deja afuera de las contribuciones a unos 20 mil beneficiarios. Si los cambios avanzan en función de priorizar a quienes menos ganan, otros 14 mil jubilados quedarán al margen de un ajuste que implica una quita de hasta un 13,6 por ciento, en la gama de los ingresos más grandes.
En conferencia de prensa, Bondesío deslizó algunas puntas de la estrategia que propicia el gobierno para afrontar la crisis: "Tenemos dos realidades. Una que importan las alícuotas (de descuentos) para los activos que habrá que ir revisando, y como ir saliendo de la emergencia para el caso de los activos. Sobre todo aquellos que tienen los menores ingresos a quienes queremos apuntar primero para tratar de ir revirtiendo con el tiempo".
Desde el seno de la comisión partieron las críticas a la decisión de prorrogar la emergencia que debía concluir el mes próximo. "Es un porquería", dijo el líder de la UPCN, Alberto Maguid. Más allá fue ex titular de la Caja, Eduardo Cóceres, al afirmar que "el déficit es de 17 millones y lo que se recaudó por emergencia es más de 50 millones. Es decir, la provincia se enriqueció en más de 30 millones".
Bondesío esgrimió ayer argumentos para justificar la extensión de los recortes a activos y pasivos más allá del mes próximo y por tiempo indeterminado, y al mismo tiempo calificó de exitosa la labor de la comisión que elaboró una alternativa que -según dijo- "viene trabajando muy seriamente en lo que es la nueva ley previsional que va a sancionar la provincia".
Renglón seguido suministró algunas cifras sobre la evolución de las cuentas de la Caja, aunque aclaró que estos números están condicionadas a que la Nación cumpla con el compromiso de solventar el déficit previsional. Como un primer desembolso del pacto fiscal debería verificarse el 7 de diciembre, Bondesío planteó que resulta indispensable que la Legislatura homologue antes de ese día dicho acuerdo.
Hasta tanto se apruebe una nueva ley provincial de jubilaciones, cuyo proyecto será presentado la semana próxima al gobernador Reutemann, Bondesío consideró necesario mantener la emergencia como "una solución de coyuntura ante la urgencia. La prórroga nos dará respaldo y seguridad mientras elaboramos los cambios de fondo que necesita la provincia".
Cuatro proyectos
La reforma previsional abarcará cuatro proyectos de ley, uno de ellos específico para la Caja. Bondesío anticipó que "está previsto un ida y vuelta entre el Poder Ejecutivo y la comisión reformista, y una vez agotadas estas instancias, se los daremos al gobernador para que los envíe a la Legislatura como mensaje propio. Será un proyecto consensuado". El nuevo sistema previsional prevé la aplicación de alícuotas flotantes supeditadas a la ley de presupuesto. Así se podrá dejar atrás la emergencia y garantizar el autofinanciamiento de la Caja. Bondesío admitió que "el promedio de asignaciones a pasivos es más alto que el promedio de salarios, lo cual hace inviable un sistema de reparto".
Bondesío planteó que la reforma previsional podrá traer aparejada incluso una reforma de la Constitución provincial, por la falta de normativas específicas para regular cuestiones como el rol del directorio de la Caja y el concepto de movilidad, que tantos recursos recursos le costó al erario público.
Entre esos temas sensibles están los topes máximos para los haberes que pague la Caja, lo "que no viola la jurisprudencia ni la Constitución, pero queremos que lo analice el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia para que esta instancia no sea generadora de nuevos juicios", planteó Bondesío.
La Ciudad
