Una catarata de críticas por parte de todo el arco de los gremios estatales y de los distintos organismos que representan al sector pasivo provocó ayer la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar la emergencia previsional en la provincia, que vencía el mes próximo, hasta tanto se solucione el déficit previsional o el sistema provincial se asimile con el nacional.
El envío de un proyecto de ley a la Legislatura conteniendo tales objetivos y con la intención de obtener una inmediata aprobación generó una reacción en cadena entre las organizaciones que vienen tratando de consensuar en una comisión presidida por el interventor de la Caja de Jubilaciones, Fernando Bondesío, un anteproyecto que apuntaba a reemplazar a la emergencia, con el argumento de que esta prórroga rompió las reglas de juego entre las partes.
Alberto Maguid, titular de la UPCN e integrante de aquella comisión, cargó con dureza contra la decisión oficial, al calificar como "una verdadera porquería" lo que se quiere instrumentar. "No se puede seguir con leyes de emergencia sino que debemos propugnar leyes de fondo para conocer el destino de los recursos que aportamos a la Caja", consignó el líder de los trabajadores de la administración central.
Maguid dijo estar dispuesto a asumir el costo político de tener que decirles a sus afiliados que hay que seguir pagando más a la Caja "si las autoridades del ente previsional nos demostraran que realmente ese déficit, y no así alegremente mandando leyes de emergencia". La UPCN pedirá una reunión de la comisión que preside Bondesío porque la oposición a la prórroga de la emergencia es generalizada.
En efecto, al titular de la UPCN se sumaron posteriormente representantes de los gremios docentes, de ATE y de los municipales de la Festram, quienes anticiparon su total oposición a la continuidad de la emergencia.
La Festram, reunida ayer en Rosario, declaró el estado de alerta y anticipó que lanzará un paro si el gobierno se decide a avanzar con recortes salariales u otros cambios en el escalafón público.
La comisión de consenso que avanzó durante los últimos meses en la confección de un anteproyecto está integrada por los gremios estatales nucleados en la intersindical estatal (Cisep: ATE; UPCN, Amsafé, judiciales y municipales, gremios de jubilados, representantes de la Corte Suprema y de la Legislatura.
El déficit en tela de juicio
Uno de sus integrantes, el ex titular de la Caja de Jubilaciones, Eduardo Coceres, puso en tela de juicio la real magnitud del déficit previsional. "El déficit es de 17 millones mientras que por la emergencia este año se recaudaron 50,5 millones. Es decir, la provincia se enriqueció indebidamente con 33 millones de pesos", consignó y explicó que "les han tomado su dinero a activos y pasivos para pagar las jubilaciones de privilegio o el régimen policial que está fuera del sistema donde se está aplicando la Emergencia".
Coceres acotó que "los diputados, cuando levanten la mano, deberán tener conciencia que la prorroga de la emergencia será para que entren otros 33 millones que serán sacados ilegítimamente a pasivos y activos". Según el ex funcionario, sus cálculos se efectuaron en base a los números que dio a conocer la propia Caja de Jubilaciones que está al alcance de todos y sobre los cuales nadie a dicho nada sobre que pueden estar sujetos a errores".
Por otra parte, Coceres apuntó que "la provincia le dice a la Nación que el déficit es de 120 millones de pesos incluyendo el régimen de privilegio, la ley 2214, el régimen policial, Hace un paquete de 120 millones de pesos que la Nación le reconoce a libro cerrado y se compromete a pagar, lo cual es una irresponsabilidad total".
La Ciudad
