Algunos proyectos que quedaron en el pasado

El reacondicionamiento de contenedores y el uso de instalaciones militares figuraron en carpetas oficiales

El proyecto de descomprimir la superpoblación de reclusos alojados en comisarías de la provincia de Santa Fe siempre ha formado parte de las agendas de todo gobierno que llegó a la Casa Gris. Año tras año funcionarios de distinto rango han manifestado sus preocupaciones y esbozado proyectos tan disímiles como novedosos para superar una situación de colapso.
Tal fue el caso del actual ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, quien en septiembre pasado (a poco de asumir) manifestó claramente: "Lo primero que espero hacer es aliviar este problema de hacinamiento en las comisarías y para ello apuntamos a la construcción a mediano plazo de nuevos edificios y en lo inmediato habilitar dependencias provinciales o de otro tipo como para descomprimir".
Antes de eso, y mientras la construcción de las cárceles modelos licitadas para levantarse en Piñero y Timbúes sigue esperando la asignación de los recursos necesarios, distintas ideas circularon por los despachos oficiales.
Un años atrás y cuando la idea de arrendar plantas fabriles ociosas para reformularlas a modo de penales no estaba ni siquiera en los sueños de los funcionarios, una empresa nacional hizo llegar al gobierno un proyecto que parecía alentador: el reacondicionamiento de contenedores como calabozos para instalarlos en predios lindantes con comisarías o cárceles.
Esos contenedores, uno de los cuales fue exhibido a la prensa en la comisaría 8ª, tenían una dimensión de 6 por 3 metros y estaban concebidos para albergar a cuatro detenidos. Sin embargo, la imperiosa necesidad de que esos calabozos estuvieran ubicados bajo techo por una cuestión térmica y algunos detalles menores de seguridad que fueron evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública santafesina, no permitieron que el proyecto se realice.
Más cerca en el tiempo, en septiembre pasado, el ministro Domínguez evaluó la posibilidad de utilizar instalaciones militares en desuso para reformularlas como prisiones. Para ello, el funcionario mantuvo una reunión con el jefe del II Cuerpo de Ejército, Pacífico Britos. Entre ambos examinaron una lista de edificaciones castrenses que podrían ser utilizadas, mediante el pago de un canon, para ubicar a entre 300 y 600 presos, es decir entre el 30 y el 60 por ciento de los presos alojados en comisarías rosarinas.