Hay un punto en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el controvertido Julio Nazareno, no se equivoca: el fallo que devolvió a Carlos Menem a las calles "ya pasó a la historia". Una aseveración tan cierta como la imposibilidad de aunar criterios entre los más prestigiosos abogados constitucionalistas del país, muestra cabal de que la resolución que dinamitó la figura de la asociación ilícita en la causa por la venta ilegal de armas al exterior es sinónimo de polémica infinita.
Consultado por La Capital, el abogado Eduardo Barcesat sentenció sin tapujos: "Es un golpe de Estado institucional cometido desde la cabeza del Poder Judicial". El constitucionalista fundamentó su dura arremetida en que el máximo tribunal resolvió "más allá de la materia apelada, no conforme al estado actual de la causa y quebrando su propia doctrina", y consideró que la advertencia a los magistrados y la comparación con la última dictadura militar, "son obscenos".
"Se emparenta con la dictadura en la falta de control por parte de aquella administración de Justicia de los actos del Estado terrorista", retrucó el letrado, quien también cargó contra Nazareno. "El fallo entró en la historia desde el punto de vista de lo funesto", ironizó, antes de despacharse con una expresión de deseo: "Espero que las seis personas que suscribieron el voto de mayoría sean oportunamente juzgadas y removidas de sus cargos".
Tras asegurar que, en base a recientes episodios de la historia institucional latinoamericana, "la asociación ilícita desde el gobierno" es una de las figuras "más altamente probables en el ejercicio del poder", enfatizó que la Corte retrocedió a una "etapa feudal, porque afirmó que el poder es injusticiable y que el monarca no se puede equivocar ni cometer delitos".
Sombras de impunidad
Sobre la posibilidad de que el fallo debilite futuras investigaciones en esa línea, arriesgó: "Entiendo que sí. Yo llevo el caso (Alfredo) Astiz, en el que están procesados por asociación ilícita agravada y con prisión preventiva (Eduardo) Massera y ocho oficiales más de la Armada. Ahora ellos podrían sostener que también les corresponde la impunidad, argumentando que todas sus atrocidades fueron cometidas desde el poder".
Por último, Barcesat cuestionó el rol del Estado: "Debió haber recusado, y tendría que plantear el tema como acusación, pedido de enjuiciamiento y remoción de los ministros de la Corte ante el Congreso, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la de Seguimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU".
Distinto fue el punto de vista del constitucionalista Gregorio Badeni, quien puntualizó que los argumentos del máximo tribunal "son jurídicamente válidos", ya que consideró que "Urso no contaba con pruebas suficientes" para mantener a Menem detenido.
Luego de afirmar que el fallo fue valorado con un criterio político, destacó que la Corte exigió una mayor contundencia de las pruebas "para tener acreditado" el delito de asociación ilícita.
Y, tras aclarar que la decisión de la Corte no constituye un "leading case (caso testigo)", Badeni recordó que la causa sigue abierta, aunque supeditó todo tipo de avance a la "habilidad" de los encargados de la investigación.
A su turno, el constitucionalista rosarino Iván Cullen posó la lupa sobre la resolución. "No parece estar contemplada la asociación ilícita, un delito que requiere una acción concertada previa. Todo indica que se buscó esta figura con el fin de mantener detenidos a los imputados", explicó.
Según el abogado, el alto tribunal "dio pautas de interpretación", aunque dejó picando varios interrogantes. "No sé si en la causa existía alguna relación con la falsedad documental y si la Corte estaba autorizada para meterse en este tema", dijo Cullen, quien concluyó: "Hay que cuidarse mucho de hacer las cosas bien, porque, en el fondo, lo que se está buscando es evitar la impunidad".
La Ciudad
