El proyecto de ley de administración, eficiencia y control del Estado, la nueva versión de la ley de contabilidad provincial, genera controversias entre los legisladores y el ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, quien plantea que se trata de un instrumento indispensable para cumplir con el Banco Mundial y asegurar desembolsos pendientes que suman casi 180 millones de dólares.
La Cámara de Senadores desoyó la semana pasada reclamos para aprobar la media sanción de Diputados, y ayer la Cámara baja insistió con la votación original, que coincide con lo que pretende Mercier. En torno a la disputa subyacen posiciones encontradas a partir de presiones del Ejecutivo para apurar el voto, pero también están en controversia dos puntos clave del proyecto, relacionados con la órbita en que funcionará el futuro Tribunal de Cuentas y la creación de una Sindicatura General.
El voto de ayer de los diputados generó controversias con el Senado, que de no zanjarse podrían desembocar en la pérdida del estado parlamentario la próxima semana, cuando finalice el período ordinario de sesiones.
Este tema es el que desvela al ministro Mercier, quien para evitar que la ley quede en fojas cero había enviado un nota la semana al Senado pidiendo a los legisladores que aprueben el proyecto según el despacho de Diputados.
"Traté de expresarles muy respetuosamente a los senadores que el dictamen de Diputados era el que más se asemejaba al que pretendía el Banco Mundial", explicó Mercier a La Capital. "También les manifesté que no pretendía inmiscuirme en otros poderes, pero era mi obligación informales esto", agregó.
El jueves cuando el ministro visitó la Cámara alta para responder interrogantes sobre el pacto fiscal los senadores omitieron cualquier tipo de mención respecto del proyecto de ley. "Lamento que nadie me haya planteado nada sobre la ley", se quejó Mercier.
Renglón seguido, ayer la Cámara de Senadores rechazó la nota de Mercier y fustigó contra la Cámara de Diputados. "Ellos tuvieron la ley dos años para analizarla y nosotros en dos meses la sacamos", fustigó el justicialista Julio Gutiérrez.
El senador rechazó la responsabilidad del cuerpo de promover con las reformas la pérdida del estado parlamentario de la ley. "Los diputados debieron analizar las modificaciones y en todo caso si no estaban dispuestos a hacerlo, debieron aceptar los cambios del Senado y ya sería ley", agregó.
El radical Angel D'Ambrosio tomó la voz cantante de Diputados y -pese a que manifestó su discrepancia con algunos de los puntos particulares del proyecto que envió el Ejecutivo y que la Cámara baja aprobó en general en agosto pasado- explicó que "el espíritu de Diputados no era rechazar las reformas del Senado, pero no podíamos analizarlas en el tiempo que teníamos", razón por la cual "insistimos con la sanción original para que la ley no se caiga".
"En todo caso, se pueden analizar en particular en el período de sesiones extraordinarias", aclaró D'Ambrosio.
Más allá del pase de factura entre ambas cámaras, la disputa esconde en realidad un trasfondo más profundo: el control del manejo de fondos del Estado santafesino.
En ese marco, los puntos más sobresalientes de la compulsa pasan por la inclusión del Tribunal de Cuentas en la órbita del Poder Legislativo y la creación de una Sindicatura General que funcione como órgano auditor interno del Ejecutivo.
Diferencias de criterio
En el medio, y en un escenario signado por el incumplimiento del envío de fondos por parte de la Nación y la caída de la recaudación, Mercier se aferra con fiereza al dinero que debe desembolsar el Banco Mundial, que le permitirán descomprimir la situación de las cuentas públicas.
Para eso, necesita garantizar la sanción de la ley de administración, un compromiso que tiene pautado con el organismo internacional.
"El acuerdo que firmó el gobernador fija una meta con el Banco Mundial que consiste en la aprobación de una ley de administración cuyos términos tienen mucha similitud con el despacho que había hecho Diputados", dijo el ministro, quien aclaró que el organismo de crédito reclama esa ley "antes del segundo desembolso de fondos que es entre febrero y marzo".
El senador Gutiérrez minimizó estos argumentos. "El Banco Mundial no manda los fondos en la medida en que no se cumpla con las metas, no creo que esta ley sea condicionante para el envío", aclaró el legislador santafesino.
A su criterio, "la ley es buena en el sentido que busca mejorar la administración, pero la eficiencia que busca el Banco Mundial pasa por una transformación del Estado que no se hace con una ley sino que es una cuestión más profunda", agregó Gutiérrez.
Cómo colocar Lecop
La aceptación de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) como forma de pago de impuestos y servicios no quedará sólo librado al mercado sino que demandará una negociación entre el gobierno y las empresas, para lograr instalar a los bonos como una nueva moneda en la economía doméstica santafesina.
"Intentamos introducir una tercera moneda que sea aceptada voluntariamente por todos, sin obligar ni imponer su uso", explicó ayer el ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier.
El titular de la cartera económica santafesina explicó que "cada uno irá tomando conciencia de si les conviene o no su uso".
De todos modos, el ministro emitió un claro mensaje a las empresas en frente a la inminente llegada de las Lecop: "Muchos entienden que les conviene (aceptarlas) porque así no se les restringe la actividad comercial, que de otro modo no podrían realizar".
La Ciudad
