Parálisis. Imagen congelada. Esta parece ser la situación, pero un país no es como una película que se detiene cuando uno quiere. Sin embargo, así son las cosas, y a pesar de las protestas y reclamos, nadie en el sector oficial parece acusar recibo real de lo que ocurre (o mejor dicho, de lo que "no" ocurre).
Las inundaciones siguen su curso, igual que el riesgo país, y lo único que se logran son declaraciones. No mucho más. Mientras tanto, lo que primero fue sorpresa y luego comenzó a tornarse alarma, ahora ya va cobrando visos de desesperación.
No es para menos. La economía está parada, no hay circulante, apenas algún movimiento proveniente de bonos con distinta suerte en cotización y, por lo tanto, la cadena de pagos ya se cortó en varios tramos.
Falta plata y las empresas ya no tienen de dónde sacar para financiarse.
En el campo esto se agrava por los efectos del clima y por los problemas internacionales que, en la mayoría de los rubros, le inciden en forma directa.
Como es bien sabido, la desesperación no es buena consejera. Y la falta de respuesta, o al menos de propuestas que den alguna posibilidad de visión de mediano y largo plazo, está provocando acciones individuales que a lo único que conducen es al descontrol generalizado. Es grave, pero lógico.
Si el agua avanza y no hay obras ni propuestas para atenuar los daños es comprensible que la gente haga canales, albardones, diques o desvíos que tiendan a proteger sus bienes, aunque perjudiquen al vecino o a la comunidad.
Si no hay plata, ni crédito ni precio de los productos, no es correcto, pero se puede entender que un grupo proteste, corte una ruta, tome una municipalidad o apele, finalmente, a lo que pueda.
Así sucesivamente. Lo que no es lógico, ni entendible, ni comprensible, es que los responsables no se hagan cargo, que no haya ninguna responsabilidad porque, en definitiva, tanto los funcionarios tienen como función primordial la administración y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, los ejemplos en contrario son moneda corriente. Si un grupo de productores corta una ruta para protestar por algo, la policía en general sólo está para que no haya desmanes mayores, no para preservar el derecho constitucional de tránsito.
No se puede entender, además, que aquel que se queja por alguna de estas situaciones sea el que recibe "el peso de la ley", vía cualquier instrumento, desde inspecciones impositivas hasta directamente presentaciones judiciales.
Pareciera que muchas autoridades esperan no ser "molestadas" con este tipo de exigencias y están dispuestas a utilizar cualquier elemento de disuasión para lograrlo y, por supuesto, de rendir cuentas ni hablar.
Pero el deterioro ya está siendo tan generalizado que da la impresión de que será imposible revertir la situación.
Sin embargo, hay una sola causa que provoca todo esto: la falta de autoridad que, como muestra la historia, siempre generó situaciones de anarquía y descontrol.
Premios y castigos
La ley está hecha para que se cumpla, pero alguien tiene que hacerla cumplir. Las normas están hechas para ser aplicadas pero alguien las tiene que aplicar. Los reglamentos se hicieron para ordenar actividades, pero deben ser respetados y alguien debe ejercer la auditoría de los mismos.
Ningún sector productivo, sea industrial, del campo o de servicios, puede funcionar en un esquema de imprevisibilidad como el actual. Ni siquiera un grupo social puede desarrollarse en forma equilibrada en estas condiciones.
En cualquier sociedad tiene que haber premios y castigos, porque en caso contrario da lo mismo cumplir o no hacerlo. Pero hoy todo esto no parece existir. Tampoco la mayoría de los responsables de controlar o aplicar las normas parecen hacerlo y tampoco les sucede nada por esta "abstención".
Entonces, no puede llamar la atención que haya desesperación y avance el descontrol. De aquí a la anarquía hay un solo paso y, si lamentablemente llega ese día nadie podrá mostrarse sorprendido.
La Ciudad
