"Fue por lana y terminó trasquilado", fue la definición más gráfica con la que se comentaba ayer la situación del juez Leiva, a quien durante el proceso que terminó por suspenderlo le adjudican una serie de maniobras de distracción que incluyeron la acusación de numerosas personas, casualmente testigos en una denuncia en su contra.
Esa denuncia aludía a un supuesto intento de extorsión fabulosa (3 millones de pesos) que le habría hecho el juez federal a Raúl Moneta para no procesarlo. Moneta denunció ese pedido en un programa de televisión y también aportó pruebas documentales escritas y testimoniales y -además- tres testigos mendocinos: el abogado Carlos García, el ex gobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli y el presidente del Directorio de La Capital, Daniel Vila.
A partir de esa intervención, Vila sufrió una serie de acusaciones, en su mayoría por parte de un ex chofer suyo y que no habría tenido otro objeto que contrarrestar su participación en el caso.
En ese tiempo Leiva se esmeraba en desmentir las acusaciones y atribuirlas a un complot montado para destruirlo. Logró entonces un gran impacto mediático, pero no consiguió convencer al sector más crítico, que siguió advirtiendo irregularidades de procedimiento.
La mayor cantidad de páginas del dictamen acusatorio contra Leiva se las lleva su actuación en el caso de la caída del Banco Mendoza, proceder que obligó al empresario Raúl Moneta a refugiarse en la clandestinidad durante varios meses por pesar en su contra un pedido de captura y los cargos de subversión económica, evasión impositiva y asociación ilícita.
La vuelta de tuerca presente es que esa actuación del magistrado, que lo hizo trascender en la opinión pública, pasó a transformarse en los últimos meses en uno de los mayores factores de crítica por parte de la Magistratura. Un boomerang que le costó la carrera.
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La Ciudad
