Un exhaustivo informe elaborado por Unicef y otros organismos públicos que relevó las condiciones en las que se desarrolla la prostitución infantil en la Argentina estableció que la edad de iniciación sexual de los niños explotados oscila en los 12 años, que la mayoría de ellos son mujeres y que la problemática abarca tanto ciudades grandes como pequeños centros urbanos.
El informe, que incluye cuestionamientos al accionar de la Justicia y de la policía, puso de manifiesto, entre otras alarmantes conclusiones, que existen distintas modalidades y ámbitos de explotación (niveles bajo y medio, lugares abiertos o cerrados), existen fuertes sospechas sobre connivencia entre la policía y los explotadores, y la "impotencia o ineficacia" de parte del sistema judicial.
El informe pone de manifiesto que las víctimas del comercio sexual son en forma "abrumadoramente mayoritaria" mujeres, y que las travestis son uno de los grupos más vulnerables que coinciden en relatar "situaciones de una violencia sin nombre" de parte del personal policial.
El estudio, publicado bajo el título "La niñez prostituida, estudio sobre explotación sexual comercial en la Argentina", fue elaborado sobre la base de 326 entrevistas realizadas en Buenos Aires, Posadas y otras localidades de Misiones, Resistencia y otras localidades del Chaco, la ciudad de Córdoba y otras localidades de la provincia, Neuquén y Puerto Madryn (Chubut).
La investigación de base fue dirigida por la socióloga Silvia Chejter para Unicef y el trabajo final fue publicado con el apoyo de la Procuración General de la Nación, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Nacional de la Mujer.
"En todas las ciudades, localidades, grandes o pequeñas, de distintas regiones del país en las que se realizó el trabajo de campo se ha constatado la presencia de niñas prostituidas y niños prostituidos directamente", sostiene el informe.
El estudio define también las modalidades más habituales de explotación y establece que "tanto las mujeres como los varones son iniciadas e iniciados en la prostitución entre los 12 ó 13 años y entre los 15 ó 16 años".
Saunas y boliches
Así, el trabajo revela que la explotación sexual de niños bajo la modalidad definida como "media" se produce en "espacios cerrados: saunas, prostíbulos, boliches", donde "el encuentro, el pago y el servicio ocurre en el mismo lugar", generalmente bajo el control de una "madama, rufiana, encargada o cuidador".
La otra modalidad, la baja, se registra en espacios abiertos, ya sea a través de la intermediación de agencias que responden a la demanda a través de avisos publicitarios o en discos, pubs o bares de hoteles o en la calle, en lugares como terminales de ferrocarril y ómnibus o alrededor de complejos industriales, con "niveles de precariedad e improvisación que implican a menudo una explotación cruenta".
En el caso de los travestis, de las entrevistas realizadas por los investigadores se desprende que "su definición como travestis precede a su ingreso en la prostitución" y que luego, segregados y rechazados tanto familiar como socialmente, acceden al comercio sexual como un medio de subsistencia. Además, ellos son quienes denuncian, en forma coincidente, ser víctimas de la violencia policial como "golpizas, torturas, violaciones, situaciones de una violencia sin nombre, atestiguando la impunidad de los funcionarios de esa institución, son una constante de sus relatos".
En otro de los puntos críticos del texto, el trabajo expone sobre las dificultades del sistema penal para abordar el tema de la explotación sexual de menores. "Los funcionarios judiciales critican a los policiales y viceversa", señala el texto y resume que existe una "profunda desconfianza de la Justicia hacia la policía sospechada de estar en connivencia con los explotadores, a los que se supone brinda protección".
"En esta contradicción, ¿se habla de impotencia o de ineficacia?", se pregunta la investigación y apunta que "los funcionarios judiciales acusan a la policía de no colaborar, de filtrar información o encubrir, mientras que los funcionarios policiales acusan a los jueces de parar los expedientes y de no hacer nada". (DYN)
La Ciudad
