El mundo científico se ha planteado distintas fórmulas para controlar la fuga de cerebros, desde cobrar impuestos a los emigrantes hasta el intercambio de profesionales pero de forma controlada. Fernando Lema, coordinador del Grupo de Cooperación con América latina del Instituto Pasteur de París y asesor de Raíces, aboga por la formación de consorcios "que reúnan las competencias de los países del Sur".
Argentina podría ofrecer competencias en física nuclear, aeronáutica o informática a China, Sudáfrica y Corea, "donde las diferencias de potencial pueden permitirnos aplicar una idea y venderla, vender servicios tecnológicos, de consejo científico y de consultoría industrial".
A los países desarrollados Lema les propondría crear "multicentros" especializados en física o biotecnología en el Sur, para "desplazar esos centros de poder intelectual concentrados en un mismo país". Pero "la gente se va cuando quiere y vuelve cuando quiere o cuando puede", reconoce el experto. Entonces, propone acuerdos más puntuales con países "receptores" de científicos.
"Podríamos negociar -dice- que se vayan a Canadá 50 mil argentinos en cinco años, de entre 20 y 25 años, a formarse durante dos o tres años, después trabajar allí dos o tres más y volver en el marco de un contrato para introducir otra manera de saber y hacer, para generar microempresas".
Cobrar la salida
En la ONU se han planteado opciones más radicales: cobrar un impuesto a la "salida" de cerebros que afecta a muchos países. India, por ejemplo, perderá en los próximos tres años los 2 mil millones de dólares que gastó en formar a los 100 mil programadores informáticos que atraerá Estados Unidos con visados especiales.
Un impuesto al contratado o a la empresa que lo contrata, por el equivalente a dos meses del sueldo ofrecido, elevaría entre un quinto y un tercio la inversión pública de India en educación superior.
Otras fórmulas impositivas consideradas son darle al estudiante un préstamo a administrar para sus cursos que debería devolver si emigra, gravar sus bienes en el país de destino, incluyendo sus salarios hasta el 15 por ciento, u otras pero acordadas con el país receptor.
Corea del Sur y Taiwán, dos de los países más afectados por la fuga en Asia, optaron sin embargo -después de vanos esfuerzos económicos por retener sus cerebros- por la variante que emprendió la Argentina, la de establecer redes de contacto como Raíces. (Télam)