El nuevo pacto fiscal acordado esta semana entre Nación y provincias por el reparto de los fondos coparticipables, sumado al adelanto de los plazos para implementar el déficit cero condujo al gobierno santafesino a barajar y dar de nuevo. Cumplir con el pacto significará convivir con los títulos públicos que comenzarán a aterrizar en los próximos días en Santa Fe, y para ello los hombres del Ministerio de Hacienda comenzaron a enhebrar el presupuesto 2002, que será apuntalado con una batería de medidas aún por definir: reestructuración y supresión de organismos, eliminación de cargos políticos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios en la administración pública, el pago de sueldos con bonos, reparto proporcional de Letras de Cancelación Provincial (Lecop) a municipios y comunas, una reforma del régimen previsional que permitan ajustar hasta 400 millones del gasto y la postergación de beneficios impositivos que estaban en carpeta para mejores circunstancias.
La decisión sobre la profundidad del ajuste que llevará adelante el Ejecutivo provincial para establecer el equilibrio fiscal en 2002, se definirá en los próximos días. Vuelto de las extenuantes negociaciones con la Nación, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, ya se puso a trabajar sobre tres escenarios hipotéticos para diseñar el presupuesto del próximo año.
Un primer escenario -el de máximo ajuste- significará un recorte de 300 a 400 millones, que incluso podría haber sido de hasta 500 millones sino se hubiera acordado un paliativo para el déficit previsional, uno de los temas más conflictivos en las discusiones previas al arreglo. En esta hipótesis se prevé una caída en la recaudación propia de 96 millones, mientras que los ingresos nacionales se reducirían a razón de 20 millones mensuales, lo cual arrojaría unos 336 millones menos.
El segundo teatro de operaciones es el que se encaminaría como el más factible y el propio gobernador lo dejó entrever el viernes al admitir que el ajuste podría ser un poco menor. Con una hipótesis de crecimiento de la economía similar al expresado en el presupuesto 2001 del 1,5% y una recaudación propia estabilizada en los parámetros de este año (poco más de 800 millones), el recorte del gasto público debería estar entre los 180 y los 200 millones de pesos.
Un tercer supuesto hablaría de un crecimiento superior al 2,5% para 2002 y redundaría en un rebote positivo de los ingresos del erario público, con una disminución de la reducción del gasto menor al precepto anterior. Eso sí, en la cartera de Hacienda provincial dudan del 6% de crecimiento para la Argentina que pregona el ministro de Economía, Domingo Cavallo, para el próximo año. Lo ven más como un deseo de su actual traje político y no de su antiguo oficio de economista.
De todas formas, en cualquiera de los escenarios la provincia comenzará antes del 10 de diciembre a recibir Lecop como parte del pago de deudas contraídas por la Nación en concepto de coparticipación federal desde julio pasado. Se trata de poco más de 100 millones que arribarán en dos tandas, la primera para el 10 de diciembre y la segunda para el 10 de enero. Como el gobierno nacional se comprometió a conseguir un cambio de esos títulos públicos por dinero en efectivo que proveerán grandes empresas, el primer tramo vendrá cash. Si eso se cumple, la provincia no tendrá problemas para pagar los sueldos de diciembre sin utilizar Lecop.
De allí en adelante la película cambia, porque la segunda cuota se pagará en Lecop pero sin canje, y se prevé como inevitable que a partir de los sueldos de diciembre (que se cobran en enero) empezarán a ser desembolsados una parte en pesos y otra en Lecop.
La intención del gobierno santafesino es que la tercera moneda llegue a los bolsillos de los empleados públicos con un criterio solidario, a fin de que la mayor parte de los papeles sean asumidos por quienes tienen mayores ingresos. Por lo pronto, Reutemann ya adelantó que cobrará su sueldo un 50 por ciento en pesos y otro tanto en bonos, y para los sueldos inferiores habrá una escala decreciente de afectación, con un piso. Aunque no existen precisiones respecto a ese piso, hay que tener en cuenta dos antecedentes: al lanzar los patacones un par de meses atrás, el gobernador Carlos Ruckauf había eximido del cobro en títulos públicos a los trabajadores con ingresos inferiores a los 700 pesos, y esa referencia fue la misma que utilizó en el 99 Santa Fe para el arranque de los recortes previsionales.
También habrá que tener en cuenta que a partir del año que viene la provincia comenzará a recibir sólo un 60% de los fondos coparticipables en efectivo y el resto en Lecop garantizados por la Nación y también sufrirá una poda del 13 por ciento sobre el piso garantizado, un descuento que podrá ser canjeado por otros títulos públicos siempre que la provincia no acceda a refinanciar su deuda comercial a una tasa del 7%.
Según lo especificado en el anterior pacto fiscal de noviembre de 2000, la provincia durante todo 2002 debía recibir 1.447 millones y en efectivo. Pero ahora recibirá sólo 775 millones en plata fresca (52%) y casi 700 millones en bonos Lecop y otros papeles públicos.
Frente a este esquema de un fuerte ingreso de fondos en formato de bonos, el equipo del ministro Mercier estableció un orden de prioridades donde se pueda maximizar el canje por efectivo antes de recaer en la distribución de la "tercera moneda" entre los empleados de la administración provincial y proveedores.
Funcionarios de la cartera de Hacienda ya comenzaron una ronda de conversaciones para el canje de títulos con las principales empresas santafesinas, en particular los servicios privatizados, ya que estas compañías pueden pagar los impuestos con bonos.
¿Qué pasará con los municipios? Recibirán recibirán sus transferencias en Lecop en un porcentaje proporcional al que recibe la provincia. El gobierno tiene previsto iniciar una ronda de contactos con intendentes y presidentes comunales para tratar de encontrar mecanismos para que estos gobiernos también puedan acceder, al menos parcialmente, a algún mecanismo de cambio para poder convertir los papeles en pesos.
En principio el gobierno no estaría dispuesto a entrar en el canje de las deudas con los bancos a una tasa del siete por ciento, porque ese paso significaría ceder el ahorro que se pueda obtener, unos 26 millones de aquí hasta fin de 2002, por un equivalente en títulos públicos dentro del 13 por ciento de coparticipación. La idea sería evaluar cómo está el mercado para otras operaciones alternativas en mejores condiciones.
La reforma
Con la instrumentación de los bonos no se terminan las dificultades para alcanzar el déficit cero que acordó Santa Fe para 2002 con la Nación. A la fuerza, la administración Reutemann quedó obligada a dar marcha atrás con lo que el gobernador propugnó desde su llegada a la Casa Gris, ya que la incorporación de papeles en el circuito provincial trastoca la prolijidad que buscó imprimir a las cuentas públicas para diferenciarse de sus competidores en la carrera presidencial.
El gobernador enfrenta en estos momentos algo que intentó evitar a toda costa y que hizo a hacer a su antecesor Jorge Obeid como una primera medida precautoria ante los fuertes indicios de recesión: el ajuste. De todas formas, Reutemann apunta a un paquete medidas que trasciende el remiendo temporario de una emergencia previsional.
La reforma del Estado en ciernes incluiría la eliminación o fusión de organismos, supresión de cargos políticos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios para el personal, que permitan avanzar con una reducción del gasto público del tamaño que se necesita.
"Sólo se exceptuarían áreas sociales sensibles", se encargó de insistir el primer mandatario en los últimos días, luego de que se conociera la intención del ministro de Salud, Carlos Parola, de renunciar al cargo si se llegaban a implementar nuevos recortes de partidas presupuestarias y con una sucesión de conflictos en el Pami por la falta de fondos.
Aunque la situación financiera de Santa Fe es mejor que la de Córdoba, vale la pena analizar el esquema que empezó a instrumentar el gobernador mediterráneo, José Manuel de la Sota. Recorte de cuatro ministerios, reducción de la planta de 80 mil empleados estatales en 10 mil puestos y no renovación del 30 por ciento contratos temporarios. Hay que tener en cuenta que la plantilla laboral santafesina, con 92.500 empleados, es más grande que la de la provincia vecina.
El titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Alberto Maguid, ya anticipó que el gobierno deberá justificar por qué los empleados podrían recibir bonos como parte del salario. La intención del dirigente gremial fue clara: antes de modificar cualquier parte del salario deberán sentarse a negociar.
Lo cierto es que la mayor poda estaría dirigida a las anquilosadas estructuras burocráticas, un paso por cierto difícil. En este camino, los escuderos políticos del gobernador en el Poder Legislativo, Alberto Hammerly en Diputados y Marcelo Muniagurria en el Senado, dieron señales la semana pasada para mostrar que el recorte presupuestario de la Legislatura está viento en popa.
La movida fue también un tiro por elevación al Poder Judicial, tradicionalmente reacio a este tipo de ajustes y que había pedido un aumento de su presupuesto en 46 millones para el próximo año.
Otro de los puntos que deberá resolver con mayor énfasis aún es el déficit de la Caja de Jubilaciones, principal factor de desequilibrio en las cuentas provinciales, que lleva dos años contenido gracias, en parte, al aumento de la alícuota al 18% con la ley de emergencia, que lo oxigena con 52 millones de pesos y evita que supere el techo dispuesto por la Nación de 120 millones.
Todavía no se dio a conocer cómo cubrirá la Nación el rojo de 60 millones de pesos que le tocaría cumplir según lo pactado en anteriores acuerdos y ratificado el miércoles. Tampoco cómo desembolsará las partidas adeudadas de 2001.
Disyuntiva
Con la instrumentación de los bonos no se terminan las dificultades para alcanzar el déficit cero que acordó Santa Fe para 2002 con la Nación. A la fuerza, la administración Reutemann quedó obligada a dar marcha atrás con lo que el gobernador propugnó desde su llegada a la Casa Gris, ya que la incorporación de papeles en el circuito provincial trastoca la prolijidad que buscó imprimir a las cuentas públicas para diferenciarse de sus competidores en la carrera presidencial.
El gobernador enfrenta en estos momentos algo que intentó evitar a toda costa y que hizo a hacer a su antecesor Jorge Obeid como una primera medida precautoria ante los fuertes indicios de recesión: el ajuste. De todas formas, Reutemann apunta a un paquete medidas que trasciende el remiendo temporario de una emergencia previsional.
La reforma del Estado en ciernes incluiría la eliminación o fusión de organismos, supresión de cargos políticos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios para el personal, que permitan avanzar con una reducción del gasto público del tamaño que se necesita.
"Sólo se exceptuarían áreas sociales sensibles", se encargó de insistir el primer mandatario en los últimos días, luego de que se conociera la intención del ministro de Salud, Carlos Parola, de renunciar al cargo si se llegaban a implementar nuevos recortes de partidas presupuestarias y con una sucesión de conflictos en el Pami por la falta de fondos.
Aunque la situación financiera de Santa Fe es mejor que la de Córdoba, vale la pena analizar el esquema que empezó a instrumentar el gobernador mediterráneo, José Manuel de la Sota. Recorte de cuatro ministerios, reducción de la planta de 80 mil empleados estatales en 10 mil puestos y no renovación del 30 por ciento contratos temporarios. Hay que tener en cuenta que la plantilla laboral santafesina, con 92.500 empleados, es más grande que la de la provincia vecina.
El titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Alberto Maguid, ya anticipó que el gobierno deberá justificar por qué los empleados podrían recibir bonos como parte del salario. La intención del dirigente gremial fue clara: antes de modificar cualquier parte del salario deberán sentarse a negociar.
Lo cierto es que la mayor poda estaría dirigida a las anquilosadas estructuras burocráticas, un paso por cierto difícil. En este camino, los escuderos políticos del gobernador en el Poder Legislativo, Alberto Hammerly en Diputados y Marcelo Muniagurria en el Senado, dieron señales la semana pasada para mostrar que el recorte presupuestario de la Legislatura está viento en popa.
La movida fue también un tiro por elevación al Poder Judicial, tradicionalmente reacio a este tipo de ajustes y que había pedido un aumento de su presupuesto en 46 millones para el próximo año.
Otro de los puntos que deberá resolver con mayor énfasis aún es el déficit de la Caja de Jubilaciones, principal factor de desequilibrio en las cuentas provinciales, que lleva dos años contenido gracias, en parte, al aumento de la alícuota al 18% con la ley de emergencia, que lo oxigena con 52 millones de pesos y evita que supere el techo dispuesto por la Nación de 120 millones.
Todavía no se dio a conocer cómo cubrirá la Nación el rojo de 60 millones de pesos que le tocaría cumplir según lo pactado en anteriores acuerdos y ratificado el miércoles. Tampoco cómo desembolsará las partidas adeudadas de 2001.
La Ciudad
