Jorge Massat no se quiere ir del Senado de la Nación con las manos vacías. El polémico legislador santafesino, sospechado de enriquecimiento ilícito y evasión impositiva, se anotó en una nómina para acceder a una mensualidad de casi 2.700 pesos cuando deje su banca el 10 de diciembre próximo.
El beneficio que pretende cobrar Massat está reservado para quienes carecen de otros ingresos. Según la declaración jurada que hizo el propio senador ante la Cámara alta reveló que poseía casas y campos por 255 mil pesos y "otros fondos" por 259 mil pesos.
Massat prefirió responder a la inquietud periodística a través de un asesor, quien dijo que el senador "presentó la solicitud porque es algo que les pertenece a los legisladores y porque la incompatibilidad surge con otros ingresos en relación de dependencia. Si tiene ingresos como autónomos no quiere decir que no se puede recibir".
Pero Massat, según reveló la agencia DyN, no fue el único que solicitó esa limosna del Estado. Diecisiete diputados y senadores que van a pasar a engrosar la lista de desocupados VIP a partir del 10 de diciembre se sumaron al pedido de ese beneficio. Y la polémica ya se encendió en el Congreso.
El codiciado sistema, que a partir de la resolución conjunta de ambas cámaras legislativas número 103/91, reemplaza a las antiguas jubilaciones de privilegio, consiste en otorgar a diputados y senadores la mitad de su dieta bruta de 5.339,88 pesos durante un período igual a la mitad del mandato que cumplió cada uno como legislador.
El color del dinero
Este Fondo de Compensación Resarcitoria Temporaria se compone con el 5 por ciento de las dietas de los legisladores que se les descuenta mensualmente y se deposita en la cuenta 96790/63 del Banco Nación, aunque en el caso de ser insuficientes los ingresos para cubrir todos los pedidos el Congreso deberá disponer del presupuesto "la partida necesaria para completar los recursos".
Si bien la legalidad de este beneficio está fuera de discusión, lo que ha generado controversias es el régimen de incompatibilidades que rige para el sistema, ya que no pueden percibirlo quienes cuenten "con cualquier otro ingreso o remuneración, jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva".
El senador Emilio Cantarero, quien se había autoinvolucrado en el escándalo de los sobornos, realizó consultas sobre esta compensación y llegó a elaborar el pedido, aunque finalmente desistió de percibirla en virtud de que, según la declaración jurada que presentó en el Congreso, cuenta con inmuebles por un valor de 2,3 millones de pesos y fondos por 272.941 pesos.
"Sí, es cierto que estuve preguntando cómo era el sistema porque no lo conocía. Sé que es algo que nos corresponde como legisladores, pero no sé si yo puedo acceder porque tengo otros ingresos", confesó Cantarero.
El controvertido senador aseguró que decidió "no reclamar ese beneficio porque tengo previsto percibir muchas ganancias a través de un loteo de terrenos en Salta", lo que es incompatible con la compensación parlamentaria.
También lo habrían hecho la diputada Dulce Visconti, esposa del intendente del distrito bonaerense de Ezeiza, Alejandro Granados, quien se hizo conocido por su estrecha amistad con el ex presidente Carlos Menem; y el senador José María Sáez (UCR-Chubut), que en su declaración jurada dijo poseer acciones por 1.175.708 pesos e inmuebles por 177.000.
Para todos los gustos
Además estaría la diputada tucumana Delia Pinchetti de Sierra Morales, esposa de un ex funcionario municipal y ex legislador provincial por Fuerza Republicana (el partido del ex dictador Antonio Domingo Bussi), quien cobraba una dieta de 15.000 pesos hasta hace poco tiempo, cuando estalló una gran polémica por lo que ganaban los legisladores de Tucumán.
La nómina de pedidos oficiales fue suministrada por fuentes de la comisión bicameral que administra el fondo. Su titular, la diputada frepasista María América González, confirmó la veracidad de la lista.
La Ciudad
