Nuevo reclamo de familiares de presos muertos en Pueblo Nuevo

Se presentaron en Tribunales, a un año del incendio del penal de la seccional 25ª, donde murieron 13 detenidos

Familiares de los internos que murieron hace un año víctimas de un incendio en la comisaría 25ª se reunieron ayer frente a los Tribunales Provinciales, en Balcarce y Pellegrini en un nuevo reclamo de justicia. El recuerdo de los jóvenes y las explicaciones que aún no encuentran sobre lo que pasó el día que ardió el penal fueron los motivos convocantes en el primer aniversario de la tragedia en la que murieron 13 internos y otros 10 resultaron heridos en una seccional que estaba, como todas en la ciudad, superpoblada.
Las dudas son el factor común entre los familiares, que no se conforman con el fallo de la justicia. En un proceso que se resolvió en ocho meses, la jueza Susana de Pigliacampo responsabilizó a los internos, once de ellos fallecidos, por las muertes y dictó el sobreseimiento de los policías que estuvieron a cargo de la seccional. El proceso cayó entonces sobre uno de los internos sobreviviventes, Jorge Antonio García, que está a la espera de la sentencia definitiva por la muerte de sus 13 compañeros de celda: Pablo Avalos, David Rodríguez, Miguel Espíndola, Jorge Capiaqui, Mario Gustavo Miño, Javier Monzón, Arnaldo Ojeda, Diego Sivila, Jorge Carbone, Hugo González, Oscar Alvarez, José Mario Rolón y Juan Alfredo Odi.
Para los familiares, aún no está claro por qué los policías no ayudaron a evacuar el penal en llamas. "Parece que la jueza no vio o no quiso entender las declaraciones de los sobrevivientes", señaló la madre de uno de los internos fallecidos.
Los sobrevientes declararon en el juzgado que fueron golpeados, insultados, y que los policías les dispararon desde el techo mientras tiraban agua para apagar el fuego. Del expediente surgen versiones distintas y contradictorias sobre el tiempo que se tardó en convocar a los bomberos, que tardaron varias horas en controlar el incendio. Mientras tanto, dentro del penal, el humo tóxico de los colchones de goma espuma provocó fatales lesiones internas a los detenidos, muchas de los cuales fueron causante de su muerte.
Los familiares se convocaron ayer junto a representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Gobernador Gálvez. Uno de los miembros, Horacio Aquino, señaló que la mayoría de las familias recurrieron, por falta de formación, a abogados que no están vinculados a organismos de derechos humanos y en muchos casos, que no son penalistas. "Muchos alentaron la resolución de la causa para llegar a la instancia civil y pedir una indemnización", dijo.
Por otra parte, diez de los familiares comenzaron a cobrar al mes siguiente de la tragedia una indemnización provincial de 500 pesos por mes que, piensan, será de por vida. En tanto, las familias de Odi, Capiaqui y Alvarez se negaron a recibir el subsidio. "La plata no compra vidas, no me va a devolver a mi hermano. Para mí ese dinero es sucio", señaló una de las familiares. Los otros, en cambio, encuentran en el pago una forma de reconocimiento del Estado por la responsabilidad que tenían sobre la vida de los detenidos.

Los familiares de los muertos no se fian de la Justicia.