Un miembro del Servicio Penitenciario provincial fue acusado de haber percibido presuntamente seis mil pesos a cambio de obtener la libertad de un preso de la Unidad 1, de Coronda, donde cumple funciones. El caso es motivo de una investigación interna de la dependencia y fue denunciado por familiares del recluso en la fiscalía número 1 de la ciudad de Santa Fe.
El director del Servicio Penitenciario provincial, Arturo Gandolla, puso en disponibilidad al empleado denunciado y recibió declaraciones de varios presos en el sumario interno donde se investiga el hecho. En tanto, la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que dio a conocer el episodio, consideró que "necesariamente debe haber más guardias involucrados" y sostuvo que el hecho "es una oportunidad para echar luz sobre irregularidades que ocurren en las cárceles, que todo el mundo comenta pero nunca se esclarecen" (ver aparte).
En ese sentido, Lilian Echegoy, de la Coordinadora, dijo que "según la denuncia, les ofrecieron lo que en la cárcel se llama una libertad confundida, que sería algo que tiene nombre y tarifa" y que en consecuencia podría tener antecedentes.
La libertad confundida consistiría en "salir de la cárcel en lugar de otra persona, con la identidad de otro persona o bien después de una depuración de sus expedientes", agregó Echegoy.
"El tema está en la justicia no porque lo haya trasladado el Servicio Penitenciario sino porque el familiar de un preso hizo la denuncia ante la Justicia", destacó la integrante de la Coordinadora.
Para la libertad
Por su parte, Gandolla dijo que el guardia acusado "habría ofrecido eliminar una causa" del expediente del preso que afirmó haber pagado el dinero, identificado como Cristian Córdoba. "Eso es algo imposible de hacer", aseguró.
El director del Servicio Penitenciario afirmó que en el episodio aparecen también otros dos presos, a los que identificó como José Luis Navarrete y Néstor Fernández. Si bien se negó a identificar al guardia denunciado, fuentes extraoficiales indicaron que es un ayudante de segunda de apellido Zabala y que se desempeña como secretario en el Grupo de Tratamiento y Clasificación.
En virtud de esas funciones, el guardia indicado tenía trato periódico con los presos "y podía aparecer como una persona con influencia", dijo Gandolla.
Según la denuncia de los presos, el guardia ofreció una libertad confundida a un costo de 10 mil pesos. En virtud de ese pacto, al parecer en junio pasado, la mujer de Navarrete entró a la cárcel 6 mil pesos, con el compromiso de saldar el resto una vez que Córdoba estuviera en libertad.
Como transcurría el tiempo sin novedades, la mujer reclamó al guardia en varias ocasiones a el cumplimiento del pacto o la devolución del dinero. Una de esas conversaciones fue grabada y las copias de los registros fueron entregadas a Gandolla y a la justicia de Santa Fe.
Al tomar estado público el hecho, Gandolla reveló ayer que el martes pasado fue llamado a su celular por los presos, quienes hicieron una denuncia y solicitaron protección porque habían sido amenazados.
"Me llama uno de los internos y me dice que quería hablar conmigo, que era cuestión de vida o muerte. A las 7 del día siguiente fui al penal, hablé con los tres presos y me llevé la sensación de que hablaban en serio", dijo Gandolla.
Las sospechas crecieron al comprobarse que "que los internos habían salido de los pabellones con el empleado, supuestamente pedidos por el trabajador social, lo que era falso".
El empleado denunciado reaccionó con otra denuncia, en la que acusó a los presos por extorsión. Por eso, policías de la ciudad se presentaron en la Unidad para tomar declaración a los internos, quienes se rehusaron al interrogatorio.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Provincial trasladó el sábado pasado a los tres presos. Navarrete fue llevado a la cárcel de Las Flores, Fernández a la de Rosario y Córdoba se encuentra en Mendoza, donde debe declarar en la causa en que se investiga el robo a un banco.
La Ciudad
