El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, celebró ayer el fallo de la Cámara Federal que confirmó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y expresó que si la Corte Suprema revoca esa resolución sería un "suicidio político, jurídico y moral de sus miembros".
Verbitsky calificó la resolución como "fundamental", porque "implica un duro golpe de la Justicia argentina al terrorismo" y sostuvo que esas leyes habían sido sancionadas bajo la presión "de las bayonetas".
En una conferencia de prensa ofrecida en el Freedom Forum junto a María José Guembe y Carolina Varsky, abogadas del Cels, Verbitsky sostuvo que el fallo "dice con todas las letras que bajo ninguna circunstancia es admisible en un estado de derecho secuestrar, torturar y asesinar a las personas".
Además, consideró que la resolución es "muy oportuna en este momento en el que, con el pretexto de lo ocurrido en Estados Unidos (por el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono), aparecen algunas voces destempladas que intentan reivindicar los crímenes de la guerra sucia".
Firme esperanza
Verbitsky estimó que el fallo será apelado por los defensores de los detenidos y llegará a la Corte Suprema, pero expresó su esperanza en que el máximo tribunal "confirme esta decisión".
"Para la Corte, revocar este fallo equivale a un suicidio político, jurídico y moral de sus miembros, que no creo que estén dispuestos a cometer", aseguró el abogado y periodista.
Por último, Verbitsky fundamentó una eventual respuesta positiva en base a otros casos de jurisprudencia internacional y nacional que cuentan como precedentes.
En sintonía, la abogada rosarina Matilde Bruera (APDH), patrocinante de varias causas por la verdad histórica, aseguró a La Capital: "Jurídicamente, es la única resolución que corresponde. La actitud de la Cámara fue muy buena y, en rigor, previsible, porque ya se pronunció en casos similares".
En tanto, desde la sede de Abuelas de Plaza de Mayo se señaló a este diario que la resolución de la Cámara "es una muy buena noticia que demuestra que, aunque tarde, la justicia llega. Ahora esperamos que la gente empiece lentamente a hacer sus reclamos, porque este país tiene muchas enfermedades, y la principal se llama impunidad. Muchos delincuentes siguen circulando con libertad por nuestras calles, pero en realidad ya tendrían que estar presos".