El gobierno español solicitó formalmente ayer a la Argentina la extradición de 18 supuestos ex represores de la última dictadura militar acusados de genocidio, terrorismo y torturas. Entre ellos se encuentra el ex juez federal santafesino Víctor Brusa, quien estaba detenido y en las últimas horas recuperó la libertad junto al ex policía Eduardo Curro Ramos a raíz de la demora en el arribo del pedido.
Sin embargo, difícilmente la oficina jurídica de la Cancillería vaya a dar curso al requerimiento, ya que una solicitud de extradición a España para 48 presuntos ex represores fue devuelta el año pasado a Madrid sin más trámite.
Consultada por La Capital, la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Diana Conti, aseguró que su posición "es la que ya fijó el gobierno, basándose en el Derecho argentino". Y resaltó: "Aunque un juez conceda la extradición, la última palabra la tiene el Ejecutivo, en este caso la Cancillería".
Es que el presidente Fernando de la Rúa mantiene el mismo criterio de su antecesor, Carlos Menem: negarse a enviar los acusados a los países que investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo (Italia, Francia, España y Alemania) alegando el principio de la soberanía jurídica.
Aunque si no fuesen extraditados, todo indica que Brusa (quien recuperó la libertad provisional en la madrugada de ayer) y algunos de los imputados pueden ser procesados en la Argentina.
¿Por qué? El ex magistrado carece del amparo de la ley de obediencia debida y hay antecedentes jurídicos de nulidad por inconstitucionalidad de esa norma legal, ya derogada por el Congreso. Esta alternativa fue ratificada por Conti: "Si se trata de personas que pueden ser juzgadas en el país, será así".
La documentación del gobierno ibérico fue entregada a primera hora de ayer en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, a cargo de Mariano Montiel.
Los papers se cursaron en base a un exhorto del juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón (quien en diciembre próximo visitará La Plata). El magistrado procura sentar en el banquillo a 17 hombres y una mujer que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y en la policía y la Justicia de Santa Fe.
En el requerimiento figuran, entre otros, Mario José Facino, el ex policía y actual concejal electo por el justicialismo en la localidad santafesina de San José del Rincón.
Como el plazo de 40 días para que España oficializara el pedido de extradición vencía ayer, un minuto después de la medianoche salieron en libertad Brusa y Ramos, únicos dos imputados que cumplían arresto preventivo por orden del juez federal Gabriel Cavallo, quien acaba de asumir como camarista (ver aparte).
Brusa, supuesto cómplice de las torturas aplicadas a prisioneros en la comisaría 4ª de Santa Fe y dependencias de la Guardia de Infantería, asumió como juez federal en junio de 1992.
En mayo de 2000 fue destituido por el Consejo de la Magistratura, pero no por su presunta participación en la represión ilegal sino por embestir con su lancha a un joven, en la laguna Setúbal, y no prestarle luego auxilio.
El pedido de extradición se completa con los ex policías Héctor Colombini, Juan Perizzotti y María Eva Aevis, además de los ex marinos José Suppicich, Salvio Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Damario, Fernando Peyón, Francisco Rioja, Jorge Rádice, Jorge Magnacco, Roberto González, Roberto Carnot y Gonzalo Sánchez.
Están acusados de la supuesta comisión de los delitos de "terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas y genocidio".
A partir de la oficialización del pedido por parte de Madrid, el Juzgado Federal Nº 4 -que estaba a cargo de Cavallo- debe aguardar a que la Cancillería se lo remita para proseguir con las actuaciones y, eventualmente, detener a los imputados.
Si bien el paradero de Brusa seguía siendo una incógnita tras su liberación, no se descarta que el ex juez retorne hoy a la capital provincial. En tanto, su hermano y abogado defensor, Horacio Brusa, se escudó tras un infranqueable hermetismo.
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La Ciudad
