En medio de fuertes presiones por la delicada situación económico-financiera que dejó a la Argentina al borde de la cesación de pagos, el gobierno nacional no pudo arribar anoche a un acuerdo con los gobernadores por los recursos coparticipables y las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy. Anoche a última hora los mandatarios del justicialismo enviaron a sus pares de la Alianza una contrapropuesta a la oferta que habían recibido durante el transcurso de la jornada. Los puntos clave de discusión son dos: si las deudas de este año se pagarán en bonos, como pretende la Nación, o mitad en bonos y mitad en efectivo, como exigen los gobernadores; y la fórmula de pago de la coparticipación de 2002, que la Nación insiste en recortar, aunque ofreciendo compensaciones.
Ayer fue otro día difícil para el gobierno nacional. Los esfuerzos del oficialismo resultaron estériles para convencer a los mandatarios del interior que volvieron a mostrar disidencias entre sí a la hora de debatir la reducción de la coparticipación del 2002 y los saldos impagos.
El gobierno volvió a enfrentar un riesgo país superior a los 2100 puntos, aunque finalmente el indicador cerró en 2032, y tasas de interés que sobrepasaron el 40 por ciento anual, mientras que la Bolsa llegó a caer tres puntos que luego revirtió para terminar positiva, alentada por las expectativas en torno al plan de reestructuración de deuda y del arreglo con los gobernadores (Ver página 13).
Ese cóctel peligroso -sumado a una nueva baja en la nota de la deuda soberana-, llevó al presidente Fernando de la Rúa, a desplegar una ronda de diálogos y reuniones con los más altos dirigentes de la Alianza y la oposición, en un intento por evitar que, como dijo el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se ponga "en riesgo el futuro de la Nación" (Ver página 15).
Colombo discutió ayer con los gobernadores aliancistas la propuesta nacional, que plantea una reducción del 13 por ciento de la coparticipación federal para el 2002 pero establece compensaciones para las provincias que no tengan que refinanciar deudas.
El paper de la Nación plantea pagar saldos impagos de coparticipación y otras deudas del presente ejercicio por medio de bonos Lecop. Sin embargo, los mandatarios del PJ rechazan este punto y plantean que se les abone sólo la mitad en bonos y el resto en efectivo. Y también reclaman que las deudas que se contraigan en los próximos dos meses se cancelen dentro de los cinco días posteriores a cada período.
Respecto de las transferencias a partir del 2002, la Nación planteó una reducción de la misma proporción del recorte salarial, que actualmente es del 13 por ciento, pero atada a la refinanciación de deudas provinciales.
La Nación pretende "netear", es decir deducir el ahorro de la refinanciación del descuento del 13 por ciento. Y si quedara un saldo a favor de las provincias, ofrecen Lecop u otros títulos públicos para cancelar la diferencia.
De esta manera, el piso mensual quedaría en 1.186,7 millones de pesos, lo que implica una quita de 177,3 millones por mes, o 2.127,6 millones por año. Las provincias que no tengan que refinanciar deudas sufrirán el recorte pero recibirán bonos por la diferencia.
La refinanciación de deudas
En cuanto a la refinanciación de las deudas provinciales, la propuesta de Colombo propone que cada jurisdicción podrá encomendarla a la Nación, "de modo que se conviertan en forma voluntaria en préstamos garantizados con recursos nacionales a ser asumidos por un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial".
Los préstamos garantizados serán a tasa de interés, fija o flotante de hasta el siete por ciento o tres por ciento sobre Libor, y las provincias que accedan al financiamiento no podrán aumentar sus gastos ni asumir nuevo endeudamiento y las amortizaciones se realizarán a partir del 2004. Además, estarán sujetas a una auditoría fiscal y financiera que designe la Nación, del BID o del Banco Mundial.
La contraoferta de los gobernadores de la oposición, en cambio, contempla la libertad de aceptación del esquema de refinanciación de deudas y habilita a las provincias "en rojo" a que cedan su coparticipación como garantía y un recorte del 13 por ciento de los recursos que le envía la Nación.
Con este criterio, las provincias que tienen los números ordenados recibirían en el 2002 el 100 por ciento de sus recursos coparticipables, sin recortes y en efectivo.
Los gobernadores del PJ también reclamaron que se fije en un 7 por ciento la tasa de refinanciación de las deudas provinciales, y pretenden llegar a una fórmula concreta para que la oferta no se transforme luego en una promesa incumplida.
Por último, el gobierno nacional pretende una prorroga hasta el 2031 el impuesto a los débitos y transacciones financieras, afectado al fondo de crédito público durante toda su vigencia. Los pagos a cuenta de IVA y ganancias serán computados como masa coparticipables.
La Ciudad
