Editorial

Monumento demorado

El 6 de enero próximo se cumplirán tres años desde que Gran Bretaña aprobó una propuesta para erigir en las islas Malvinas un monumento en homenaje a los caídos en la guerra de 1982. Su construcción fue convalidada luego, el 14 de julio de 1999, por el acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña que posibilitó la reanudación de los vuelos entre el continente y las islas y el acceso a ellas de argentinos.
Desde que aquel instrumento bilateral fue firmado por los entonces cancilleres Robin Cook y Guido Di Tella, la iniciativa constituye una cuestión de Estado. La erección de un cenotafio en el cementerio argentino de las Malvinas apuntó a desarrollar la reconciliación del mutuo entendimiento argentino-británico, según consta en el capítulo "Fomento de la confianza" de los documentos firmados entonces por ambos gobiernos.
En diciembre próximo se cumplirá un año desde que se acordaron con el Reino Unido los detalles de la obra, para lo cual Argentina debió disminuir a cuatro metros y medio la altura de la cruz, que era de doce en el proyecto original, adjudicado por un jurado, previo concurso de ideas.
Impulsores del demorado monumento y desconformes porque el gobierno no ha declarado la iniciativa como de interés nacional, los familiares de los 649 soldados muertos en las islas reclamarán el próximo Día de Todos los Muertos en la Plaza de Mayo que el presidente De la Rúa apoye la construcción. Los familiares cuestionan que, a partir del cambio de gobierno en 1999, ni el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini ni el propio presidente los recibieron luego de más de un año de pedir audiencia. En cambio han declarado su interés en la obra el gobierno porteño y los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de muchos municipios.
Sorprende que el gobierno no dé señales de interés en el tema. Su aporte sería indispensable en la etapa por venir, ya que es necesario vencer la resistencia de los isleños, sin cuya decisión la obra no podrá comenzar. Aunque en este asunto todos los requerimientos de los malvinenses han sido satisfechos, cuestiones de política local demoran la definición. Es que en Malvinas hay este año elecciones de consejeros y todo aquel candidato que esté a favor de Argentina es mal visto.
Superada esta circunstancia, lo que ocurrirá en un mes, el gobierno debería usar su influencia para hacer cumplir el acuerdo. Nada dificultoso si se considera que un mes atrás el embajador británico en Buenos Aires, Robin Christopher, se comprometió a hablar con el gobernador de las islas, Donald Lamont, para apurar las cosas.